José Andrés Torres Mora

El pasado miércoles, durante la sesión de Control del Congreso de los Diputados un diputado socialista, Miguel Ángel Heredia, criticaba que el alcalde de Málaga, del PP, hubiera gastado 5000 euros de todos los malagueños en una valla publicitaria en la que se atacaba al Gobierno de España. En su intervención el diputado decía: “Es verdad que son solo unos céntimos por cabeza pero ya conoce el dicho: quien tiene impunidad para robarte un solo céntimo la tiene para robarte hasta el último céntimo. Si el alcalde usa de manera indebida 5.000 euros del Ayuntamiento para hacer oposición al Gobierno de España, no le quepa la menor duda, señora ministra, de que usará hasta el último euro si le conviene.”

Después de que el diputado malagueño hiciera esta afirmación, la señora Villalobos, diputada del PP, lo acusó de haber llamado ladrón al alcalde. Celia Villalobos sostuvo que la frase sobre la impunidad para robar hasta el último céntimo calificaba la conducta del alcalde. Sin embargo en la sintaxis de la frase de Heredia la expresión “quien roba impunemente” se refiere al sujeto genérico del dicho, no al alcalde. En el refrán “¿Dónde va Vicente?, donde va la gente”, el tal Vicente es un Vicente genérico. El alcalde propiamente dicho aparece en la frase posterior, y si se le acusa de algo es de usar indebidamente 5000 euros, no de robo.

Obviamente la diputada no podía sustentar su reproche en la literalidad de las palabras de Heredia, pero tampoco en el sentido de las mismas. Entre otras cosas porque lo que quería decir el diputado socialista, y lo que dijo, era otra cosa. Lo que él denuncia como el verdadero peligro no es el coste de la valla, que son unos pocos céntimos por cabeza, sino la impunidad con la que el alcalde los ha gastado. Para argumentarlo el diputado Heredia usó una sencilla y eficaz estrategia retórica: el símil. Hizo un símil entre el dicho que refiere y la acción del alcalde, en el que la similitud que establece no es entre el robo y el uso indebido del dinero público, sino en las consecuencias de la impunidad: el que tiene impunidad para lo poco, la tiene para lo mucho, sea un robo o un mal uso del dinero de todos.

Ocurrió, por desgracia, algo difícil de prever. Si el diputado Heredia hubiera dicho, por ejemplo: “El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El señor Elías se ha arrimado al alcalde y hay que ver qué bien le va”, nadie hubiera pensado que el alcalde de Málaga es un buen árbol. Cabe pensar que  la vecindad en el discurso de Miguel Ángel Heredia entre la idea de un robo y la del mal uso de los recursos públicos, dos conceptos que Heredia diferencia expresamente, probablemente llevara a la señora Villalobos y a la dirección del Grupo Popular en el Congreso a pensar que el que hace mal uso de los fondos públicos es un ladrón, y que dedujeran que el alcalde de Málaga era el ladrón al que se refería el diputado socialista.

Lo sorprendente es entonces que el PP pidiera la retirada del Diario de Sesiones de la frase que hace referencia al robo, pero que no menciona al alcalde, y permitiera que se mantuviera la que sí acusa de manera explícita al alcalde de Málaga de hacer un uso indebido del dinero público. Porque si no es el uso indebido del presupuesto del Ayuntamiento el motivo que les llevó a pensar que Heredia se refería al alcalde cuando hablaba de “quien roba un céntimo”, ¿qué otra razón les llevó a pensar que se estaba aludiendo al alcalde?

Porque el hecho es que la señora Villalobos lo pensó inmediatamente, y la imagen se le apareció con tanta nitidez, que con una vehemencia digna de mejor causa, la señora Villalobos empezó a gritar a los socialistas en general y al diputado Heredia en particular: “Ladrones vosotros. Ladrón, tú, en tu pueblo, donde gobiernas” y “Eres un diputado indigno. Sí, lo eres”. Misteriosamente, además, la primera frase se transformó al pasar del Hemiciclo al Diario de Sesiones en “Ladrones vosotros, en Alcaucín, en el pueblo donde gobernabas”.

Por cierto, en el pueblo de Heredia, que es Mollina, gobierna Izquierda Unida con apoyo del PP, y Miguel Ángel Heredia nunca gobernó Alcaucín. No dio ni una. El miércoles no fue un día afortunado para la señora Villalobos. El jueves, los jefes de la bancada del PP pusieron un precio excesivo a su civismo: equiparar una crítica política legítima y un insulto. Ese día fue un día malo para todos.

José Andrés Torres Mora

Diputado por Málaga

Publicado en el diario Público el 4 de abril de 2009

Nueve de la noche del martes 17 de marzo. El pleno del Congreso vota las Proposiciones y las Mociones que se han debatido durante la tarde. Los portavoces de la oposición, la prensa, llevan anunciando desde primeros de mes que el Partido Socialista se ha quedado solo en el Parlamento y todos esperan la primera derrota. En ese momento votamos una Proposición no de Ley del PP. “Es en ésta”, comenta alguien. Al parecer es aquí donde los socialistas vamos a perder nuestra primera votación. Me digo a mí mismo que la memoria es flaca, que ya hemos perdido unas cuantas votaciones en ésta y en la pasada legislatura. Me vienen las imágenes de las negociaciones con los portavoces de los otros grupos para conseguir su voto en cada trámite del Pleno o de las comisiones. Al cabo hay que tener un master en estrategia y en psicología para negociar cada votación cuando no se tiene mayoría absoluta, y también hay que tener un doctorado en humildad. La voz de Mamen Sánchez, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, me saca de mis pensamientos, anuncia el sentido de nuestro voto: “no”. Adelanto mi cuerpo para ver su mano alzada mostrando tres dedos, en efecto he oído bien, tres dedos significa voto negativo. Pulso la tecla y espero unos segundos, miro de nuevo para asegurarme de que he votado correctamente; no nos podemos equivocar. Nadie hace bromas como otras veces, todos estamos expectantes. Finalmente se ilumina el panel de votación: hemos ganado por tres votos. Se escucha un rumor de alivio. Alguien pregunta con sorna: ¿dónde estaba Rajoy?, y nos saca una sonrisa. Tampoco esta vez estaba Rajoy allí para llevar a los suyos a la victoria.

Todavía no hemos perdido una votación en el pleno desde el uno de marzo, pero la prensa de la derecha ya escribe editoriales diciendo que donde las dan las toman, y los partidos nacionalistas preguntan al Presidente por su soledad parlamentaria. En las tertulias hay hasta quien especula con un adelanto electoral. Igual que lo llevan haciendo, por diferentes motivos, desde que ganamos las elecciones en 2004. Las certezas de la aritmética ocupan el espacio de la política en las conversaciones.

Sin embargo es la política, y no la aritmética, la que puede arrojar luz sobre lo que está ocurriendo en el Parlamento. En efecto, los resultados electorales del uno de marzo en el País Vasco son un elemento importante para entender las nuevas dificultades del Grupo Socialista para recabar apoyos parlamentarios. Los resultados de las elecciones vascas permitían aritméticamente una cómoda solución al PSOE para afrontar el resto de la legislatura en el Congreso de los Diputados. Bastaba con apoyar en Vitoria un gobierno encabezado por el señor Ibarretxe a cambio de que el PNV apoyara en Madrid al PSOE. En lugar de eso, los socialistas hemos optado por aprovechar esta oportunidad excepcional y presentar la candidatura de Patxi López a lehendakari del Gobierno Vasco. Lo hemos hecho porque consideramos más importante, para la sociedad vasca en particular y para España en general, dar una oportunidad a un gobierno no nacionalista en el País Vasco que garantizarnos una mayoría cómoda en el Congreso.

¿Cómo se llama, en las presentes circunstancias, a que el PP sume sus votos al PNV para decir que Zapatero está solo? La misma derecha que se envuelve en la bandera española, la misma derecha que usa sin pudor a las víctimas del terrorismo, la que se ha pasado las últimas legislaturas alentando a un tiempo el nacionalismo y el miedo al nacionalismo, la que ha denunciado los estatutos de autonomía no en función de sus contenidos, sino en función de las comunidades autónomas a los que se referían, es la que suma sus votos a los partidos nacionalistas cada vez que le conviene. Lo hace ahora aprovechando que el PSOE sacrifica recursos como partido en el altar de los intereses generales de España, unos intereses que la derecha invoca tanto como desprecia. Lo hace para simbolizar la debilidad parlamentaria del Gobierno Zapatero, pero lo que simboliza de verdad es su debilidad política, la que nace de la escandalosa inconsistencia entre sus actos y sus palabras. Una debilidad que sólo ingentes cantidades de cinismo y de dinero pueden disimular.

Es difícil que la derecha pueda explicar a la sociedad española su comportamiento. No somos los socialistas quienes hemos demonizado a los nacionalismos. Los socialistas hemos entendido muy bien que, mal que le pese al nacionalismo español, España es un país plural; y que, mal que les pese a los nacionalismos periféricos, sus comunidades también son plurales en su interior. Por eso hemos cultivado el pacto y el diálogo con todos. Porque sólo con el pacto y el diálogo se puede convivir en un país tan diverso en su composición y tan plural en la expresión política de su diversidad. Convendría preguntarse por qué el PNV y el PP están dispuestos a gobernar con el PSOE en el País Vasco. Quizá en la respuesta se encuentre la razón del éxito de Patxi López allí donde otros fracasaron.

El PP construyó su soledad negando la legitimidad de los demás, demonizando al nacionalismo democrático y a quienes dialogábamos y llegábamos a acuerdos con dicho nacionalismo. Su soledad nace de la negación del otro; en ocasiones, de cualquier otro. A diferencia del PP, los socialistas consideramos al PNV un partido con el que es legítimo pactar, aunque pensemos que no es conveniente para los intereses de la sociedad vasca y el resto de la sociedad española pactar para consolidar al señor Ibarretxe. Si hemos conseguido romper la política de bloques en el País Vasco, si Patxi López ha  triunfado allí donde Mayor Oreja fracasó, es porque respetamos y apreciamos lo que significa el PNV. Hoy, aprovechando que el PSOE trabaja en Vitoria para alejar el fantasma del Plan Ibarretxe, el PP está dispuesto a hacer palanca con el PNV y CiU en Madrid para debilitar al Gobierno Zapatero; y no le faltan pícaros para vender a la sociedad el traje invisible de la justificación de semejante contradicción.

Es posible que para ciertas élites nacionalistas, de nacionalismo español o periférico, y para un pequeño sector de la sociedad, resulte una buena estrategia unir las fuerzas del nacionalismo español y del nacionalismo vasco y catalán para desalojar de las instituciones al partido que mejor ha sabido facilitar la convivencia y el acuerdo entre diferentes. Pero su capacidad de acuerdo se acaba ahí. Luego sólo ofrecen un buen conflicto, aderezado con la amenaza constante del choque de trenes, con propuestas neocentralistas e independentistas. Esa es la experiencia que tuvimos entre el 2000 y el 2004, después de que el señor Aznar aprendiera catalán y se diera la vuelta como un calcetín ante un Arzalluz encantado con la flexibilidad del líder de la derecha. Para ellos todo armisticio se limita a ganar fuerzas para atacarse mejor.

Conoceremos derrotas parlamentarias, ya las hemos tenido. Es lo que pasa cuando no se tiene mayoría absoluta. Un día de estos, el sentido del voto que nos indique Mamen Sánchez y el resultado del panel de votación no coincidirán. Entonces habrá aplausos en los bancos de la derecha y en algunos despachos de gente muy poderosa de nuestro país. Ese día la brillante y elemental aritmética de su victoria parlamentaria les impedirá ver con claridad la magnitud de su derrota política.

José Andrés Torres Mora

Diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE

*Publicado el 26 de marzo de 2009 en El País

En la vida política, quien pone sus esperanzas en las dificultades del contrario se equivoca, porque las pérdidas del contrario no se convierten automáticamente en beneficios propios.

En estos momentos los dos partidos más representativos de nuestra democracia se enfrentan a sendas crisis. El PP se enfrenta a “su” crisis y el PSOE a “la” crisis. El primero tiene serias dificultades asociadas a la consolidación de su actual liderazgo interno, que se han complicado con la aparición de graves casos de corrupción. El segundo afronta la mayor crisis económica que hemos visto en nuestras vidas.

Es posible que alguien piense que de las dificultades del PP podemos sacar provecho los socialistas. Se equivoca. De los casos de corrupción sólo sacan provecho quienes están en contra de la política democrática. Algo injusto, porque las democracias son precisamente los sistemas políticos menos corruptos.

De igual modo, hay quien piensa que la crisis económica y el aumento del paro pueden dar buenos réditos electorales al PP. Se equivoca. La crisis y el paro sólo producen sufrimiento a las personas que los padecen, generalmente las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Lo único efectivo que puede hacer la política con las crisis es combatirlas y superarlas. Eso es, además, lo que cuenta en el juicio de los ciudadanos, que nos miden en función de con qué coraje y pericia nos batimos frente a los problemas.

Los guionistas de cine han sido siempre muy conscientes de cómo funciona el espíritu humano frente a las situaciones de crisis, y han acuñado dos caracteres convencionales. En las películas de catástrofes y de monstruos siempre hay un personaje que en mitad del caos grita buscando culpables y exige que le solucionen instantáneamente el problema. Generalmente ese personaje desaparece pronto, engullido por las fauces del abismo, ante el regocijo secreto y culpable del público. Por el contrario el personaje que se gana las simpatías del público es aquel que empieza por aliviar a los heridos, organizar la resistencia y, finalmente, liderar la victoria.

Hemos visto cómo la crisis ha engullido las primeras empalizadas que le opusieron los gobiernos de los principales países durante el pasado verano y se tragó ingentes cantidades de dinero. Hemos visto mutar la crisis, desde su comienzo con el petróleo a 150 euros hasta los 40 euros actuales; desde el elevado crecimiento de los precios de los productos alimentarios a la moderación actual.

Hemos visto cómo el paradigma económico de la ortodoxia ultraliberal ha saltado por los aires, y cómo los gobiernos que lo propiciaron han terminado tomando medidas en contra de los principios que habían defendido con ardor inquisitorial. Eso es una crisis, una crisis es el triunfo de la excepcionalidad, algo que nos pone frente a lo desconocido, para lo que no hay otra fórmula que la inteligencia, el trabajo, la capacidad de sacrificio y la solidaridad.

Este es el momento de sacar nuestras mejores virtudes cívicas. Es lo que está haciendo nuestro gobierno, ayudar a los parados, garantizando su protección ahora y en el futuro; evitar el colapso del sistema financiero que impediría la reactivación de la economía y poner las condiciones para dicha reactivación con el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo. No es una solución mágica e inmediata, requiere tiempo y esfuerzo, pero es una solución.

José Andrés Torres Mora

Diputado por el PSOE

Publicado en el diario Sur el 11 de febrero de 2009

La vida es contradictoria. Hay monstruos que metabolizan nuestros ataques y se hacen más poderosos con nuestros proyectiles. La antipolítica es uno de esos monstruos. En los años del GIL, sus dirigentes metabolizaban su propia corrupción usándola como prueba de su honestidad: “nosotros no engañamos a nadie, es verdad que somos tan corruptos como los políticos, pero a cambio somos más eficaces.”

Con el asunto del espionaje en la Comunidad de Madrid corremos el riesgo de que, una vez más, nuestras críticas no lo afecten o incluso terminen por hacer más poderoso al monstruo de la antipolítica. Un monstruo que se alimenta de extender la desconfianza y el desprecio por igual a nuestras instituciones y a nuestros representantes, sin distinción de color político ni de trayectorias personales. Por eso, cuando concluimos que el problema del espionaje en la CAM es un problema de desconfianza entre los distintos grupos del PP, siendo verdad, nos quedamos peligrosamente cortos en nuestro análisis.

Para un demócrata, que los políticos de un mismo partido no se fíen unos de otros, es un argumento demoledor contra ese partido. Pero para el antipolítico ese dato es un verdadero triunfo a la hora de argumentar contra el sistema en su conjunto. El argumento de la desconfianza desplaza el debate público del eje de la política al de la naturaleza humana. Al establecer el marco de la desconfianza, todo el razonamiento tiende a exonerar precisamente la acción más corrupta, la de espiar, para centrar nuestra atención en las sospecha de que los políticos hacen cosas malas, se corrompen, etcétera. En esa lógica, espiar sería una especie de mal menor, casi necesario, obligado por la corrupción intrínseca que se le atribuye a la política.

Un caso muy ilustrativo, desde este punto de vista, ocurrió en el ayuntamiento de Málaga (PP) en 2005. Desde ámbitos de la policía local se escribió un informe sobre las actividades diarias de una concejala del equipo de gobierno, que incluía informaciones sobre su actividad política y personal, incluida la frecuencia de su práctica religiosa. Lo más significativo es que finalmente el debate sobre las supuestas actividades de la concejala se impuso al debate en relación con el espionaje al que fue sometida. Las únicas responsabilidades políticas que se derivaron del caso fueron las que afectaron a la concejala víctima del espionaje, que fue acusada por sus superiores de trabajar poco, desposeída de sus competencias y, finalmente, excluida de las listas.

Obtendríamos más luz, si en lugar de preguntarnos por qué se espían, nos preguntáramos para qué se espían. Por lo que sabemos hasta ahora, en la Comunidad de Madrid los seguimientos no se hacen para poner a disposición de la Justicia información sobre comportamientos ilegales de responsables públicos. De hecho a estos espías les interesan igual los delitos que los pecados. Sus informaciones no están destinadas a hacer justicia, sino a hacer chantaje. No pretenden acabar con la corrupción, sino explotarla mejor, hacerla más productiva.

La razón por la que es espían no es porque no se fíen unos de otros, sino porque se conocen muy bien, y conocen muy bien lo que está pasando en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Saben que hay suficientes irregularidades como para que la práctica sistemática del espionaje sea una industria rentable. Pero lo más inquietante, lo más peligroso, no es que haya corrupción, sino que en lugar de denunciarla hay quienes la están usando para chantajear a los corruptos, para envilecerlos más aún; para hacer más vulnerables las empresas o las instituciones a los intereses espurios de los chantajistas.

Salvo una improbable mutación, no es un problema antropológico, lo que está ocurriendo en la CAM es tan extenso y sistemático que sólo puede ser el éxito siniestro de una ideología. Es la consecuencia perversa de una ideología ciegamente contraria a lo público, instalada durante años entre los responsables de las administraciones local y autonómica de Madrid hasta debilitar sus defensas cívicas frente a la corrupción. Una ideología que no se detiene en desatender y privatizar la educación o la sanidad; ni se detiene en el uso privado de lo público, como hace con la televisión madrileña; su ideología dispara directamente al corazón del sistema, su objetivo último es la privatización del poder político: la sustitución del imperio de la ley por el capricho de un domine o una domina.

Los seguimientos de los que tenemos noticia no los ha decretado un juez bajo el imperio de la ley, sino las pasiones e intereses de algunas personas cuyo único objetivo es acrecentar su patrimonio privado o su poder público. Un poder tóxico, contaminado por el chantaje del que se alimenta. El sueño antiestatista de la derecha neocon nos devuelve al estado de naturaleza hobbesiano. Algo así es en lo que se está convirtiendo una parte importante del PP de Madrid, donde el compañero se ha vuelto un lobo para el compañero.

Al final, cuando fruto de su batalla por el poder, han sacado los dossieres a la luz, para que la Justicia y la opinión pública decidan, los ultraliberales de Madrid rinden un involuntario homenaje al Estado, a la ley y a la política. Tras su furibundo antiestatismo, no hay liberalismo. En los ayuntamientos que estuvieron bajo el GIL no hubo libertad de mercado en el urbanismo. De igual modo que no la ha habido en el reparto de licencias audiovisuales o en la adjudicación de obras en la Comunidad de Madrid. No son liberales, el mercado y la libertad son sólo pabellones de conveniencia con los que sustituyen la bandera de las tibias y la calavera cuando se dan cuenta de que los estamos mirando.

Publicado en Público el 4 de febrero de 2009

Si es legítimo argumentar que la crítica a las instituciones democráticas puede ser una defensa de la democracia, también es legítimo argumentar que la defensa de las instituciones democráticas no es necesariamente un ataque a la democracia.

Hace unas semanas un periódico publicaba un artículo, con foto incluida, señalando que los escaños del Congreso estaban prácticamente vacíos. No cabe duda de que los escaños desiertos son tan buena imagen fotográfica como mala imagen política. Mi generación ha crecido viendo la imagen de un líder solitario en su escaño en cada una de las legislaturas desde la transición. Una metáfora atractiva, capaz de evocar muchas ideas literarias sobre la soledad del poder o la decadencia del héroe, pero poco útil para comprender el parlamentarismo.

Desde aquel día se ha sucedido toda una retahíla de noticias sobre el sueldo de los diputados, el número de sus iniciativas y las otras actividades a las que se dedican. Noticias que ponen una letra, no siempre precisa, a una vieja música antipolítica. Es justamente la imprecisión lo que hace nacer la sospecha sobre el sentido de esos artículos. Estos días hemos leído cómo se comparaban el número de intervenciones orales de los diputados de los grupos minoritarios con el número de intervenciones de los diputados de los grupos mayoritarios, o la falta de exclusividad en la actividad parlamentaria del miembro de una ejecutiva con la del socio de un bufete de abogados. Así salen números mágicos, de magia negra, azul o parda, como el escaso diez por ciento de diputados que tendrían dedicación exclusiva, entre los que no se encontrarían ni el presidente del Gobierno ni el líder del principal partido de la oposición, por si alguien puede imaginar personas con mayor exclusividad en su trabajo político. Pero hay quien se dice: por qué dejar que la verdad arruine la fiesta populista, cuando el coro crece y crece.

Sería bueno preguntarse por qué, legislatura tras legislatura, se repite la escena de los escaños vacíos. Si lo hacemos, encontraremos mejor la respuesta en el funcionamiento ordinario del parlamentarismo moderno que en la moralidad laboral de los diputados. El objeto del discurso en la tribuna es más dejar constancia fidedigna de la posición del parlamentario y de su grupo en el Diario de Sesiones y en el registro videográfico de la Cámara, que un procedimiento deliberativo en sentido estricto. El debate en el Pleno es sólo la formalización pública de todo un trabajo previo, de un largo proceso de deliberación en el que es posible hacer lo que sería imposible hacer en una sesión plenaria.

Es algo que uno constata la primera vez que es ponente de una ley, son las visitas al despacho del ponente del otro partido, las conversaciones de horas que exploran cada uno de los meandros del texto que se pretende aprobar, las reuniones con el Gobierno, con asociaciones de ciudadanos. Es en esos espacios en los que va definiéndose la posición del grupo parlamentario hasta llegar a las reuniones internas, que los grupos parlamentarios suelen celebrar los martes, en las que los diputados hacemos nuestras últimas objeciones antes de tomar una decisión que todos deberemos cumplir.

Aunque a cualquier observador atento se le ocurrirían mejores objetivos políticos, ahora parece que toca encontrar la fórmula para llenar el hemiciclo todo el rato. Hay quienes, para ello, proponen reformar el reglamento. Otros, un paso más allá, proponen reformar el sistema electoral. Estos últimos argumentan que con un sistema electoral como el anglosajón las cosas serían muy distintas en nuestra vida política, y además el hemiciclo estaría todo el rato lleno.

Es bastante probable que introducir un sistema uninominal y mayoritario en nuestro ecosistema político tuviera un efecto tan nocivo como el que ha producido la introducción del foráneo mejillón cebra en el ecosistema de nuestros ríos. Aunque también es posible que no pasara nada, los electores españoles llevan 30 años votando igual las listas cerradas y bloqueadas del Congreso que las listas abiertas del Senado. Pero lo que es seguro es que tal reforma no conseguiría llenar el hemiciclo todo el rato.

En su libro La audacia de la esperanza, el presidente Obama escribe: “aparte de los pocos minutos que llevan las votaciones, mis colegas y yo pasamos poco tiempo en la sala del Senado (…). Para cuando llegamos a la sala y el secretario empieza a pasar lista, todos los senadores han decidido ya –tras consultar con su gabinete, el líder de su caucus, cabilderos preferidos, grupos de interés, correos de los electores y tendencias ideológicas– cómo van a votar”. Tras describir la imagen habitual de un senador hablando en un salón de plenos casi desierto concluye de manera literaria: “En el cuerpo deliberativo más importante del mundo, nadie escucha”.

Si es necesario reformar nuestras instituciones, la solución no es tanto importar un modelo político extraño como entender primero cómo funciona el nuestro. Por lo demás, probablemente habrá diputados más trabajadores que otros. Como en todas partes, como en las fábricas, las escuelas o los hospitales. Pero lo cierto es que, en opinión de una mayoría de los ciudadanos, nuestra democracia ha funcionado razonablemente durante estos últimos 30 años. A ello han contribuido unas Cortes que, con todas sus virtudes y sus defectos, han hecho buenas leyes, han controlado a los gobiernos y, en general, han contribuido al crecimiento de la libertad y la prosperidad de nuestro país, todo ello por voluntad y en representación de los ciudadanos.

José Andrés Torres Mora es Diputado por Málaga y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE

Publicado en Público el 15 de diciembre de 2008

A mediados de los noventa, y durante unos años, di clases sobre la sociedad española a estudiantes norteamericanos que hacían un curso en la Universidad Complutense. Para que comprendieran lo que había sido nuestra historia reciente les contaba que la primera vez que tuve edad de votar, voté la Constitución. Recuerdo que bromeaba sobre la edad que en esas fechas tendrían los norteamericanos que votaron su Constitución. También les citaba aquella frase de Argüelles cuando, tras aprobarse la Constitución de 1812, dijo: ¡Españoles, ya tenéis patria! y les decía que la edad de nuestra patria de las libertades es la edad de nuestra Constitución.

Unos dos millones de jóvenes votamos por primera vez el 6 de diciembre de 1978, y eso debe tener un especial significado para nosotros, pues lo primero que votamos fue un acuerdo, un acuerdo de libertad que funda la patria que nos une. No sólo la que nos une a los de izquierdas con los de derechas. No sólo la que nos une a los andaluces con los vascos, o a los catalanes con los extremeños, que es una unidad de las que se habla con mucha frecuencia. Sino también la que nos une a los pobres con los ricos, a las personas dependientes con las que pueden valerse por sí mismas, a los hombres con las mujeres, o a los niños con los adultos, a los que están en paro con los que tienen empleo. La unidad de los que vivimos con nuestras familias y los más de siete millones de personas mayores de sesenta y cinco años que viven solas.

También la Constitución habla de esa unidad, y también estamos obligados a cumplir estos epígrafes de aquel pacto. Especialmente en los tiempos difíciles, cuando una parte de la patria puede quedar aislada en el paro, en la pobreza y en la soledad, desgajada en silencio del proyecto común, sin más proclamas ni banderas que el insidioso olvido. Es ahora, que nos enfrentamos a dificultades importantes, cuando debemos demostrar que somos capaces de dar una respuesta unidos, que somos una ciudadanía valiente y generosa capaz de salir con bien de cualquier dificultad.

Éramos muy jóvenes aquel día de diciembre de hace treinta años, fuimos con nuestros padres a votar por primera vez, protegidos por ellos, orgullosos todos y esperanzados en lo que estaba por venir. Han pasado treinta años, ya empiezan a clarear la filas de nuestros padres, y el mundo sigue siendo joven gracias a nuestros hijos, y aquella apuesta nos salió bien.

Estoy convencido de que quienes votamos la Constitución tenemos una obligación especial hacia ella precisamente por el privilegio de haberla votado. La obligación de preservar el espíritu de concordia que la hizo posible y de proteger los valores cívicos que la inspiran, los valores superiores del artículo primero: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Nunca antes en nuestra historia fuimos capaces de llevarlos a la práctica como en estos últimos treinta años, nunca como ahora fueron tan fuertes y estuvieron tan extendidos estos valores.

José Andrés Torres Mora

Diputado por Málaga

Miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE

Publicado en SUR el 6 de diciembre de 2008

Se ha acabado la VIII legislatura de nuestra democracia. Terminamos debatiendo sobre las relaciones Iglesia Estado. Pocas cosas se parecen más al trabajo de Penélope que la política. Es así, ninguna libertad está ganada para siempre, cada generación debe sostener la libertad y ampliarla. Lo que sigue son las actas taquigráficas de mis últimas dos intervenciones de la legislatura, en Diputación Permanente el día 8 de enero y en la Comisión Constitucional el día 10. He respetado las anotaciones de las taquígrafas. Me parece que reflejan bien el ambiente vivo e intenso de ambos debates. En la página del Congreso están los Diarios de Sesiones con las intervenciones de todos los oradores.

Diputación Permanente correspondiente al martes, 8 de enero de 2008.

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.Yo no voy a pedir el voto en un mitin electoral ahora.

La vicepresidenta va a comparecer a petición propia en la Comisión Constitucional. Con esta comparecencia la señora Fernández de la Vega hace honor a lo que ha sido su trayectoria a lo largo de la presente legislatura; acaba la legislatura con el mismo talante con que la ha vivido, sin hurtar un ápice de su responsabilidad ni de su presencia en ninguna situación por difícil o incómoda que haya resultado. Por otra parte, estoy de acuerdo con el señor Jané en que parecería lógico que el debate sustantivo se celebrara durante la comparecencia de la señora vicepresidenta, porque será ella quien pueda hablar con legitimidad en nombre del Gobierno. No obstante, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre afirmaciones que se han hecho aquí, y seré muy breve.

Decía el señor Tardà que la moderación no sirve contra la iglesia; es curioso, la derecha dice lo mismo respecto a Esquerra Republicana, que la moderación no sirve contra Esquerra Republicana. En realidad, cuando el Gobierno es moderado no pretende usar la moderación contra nadie sino a favor de la convivencia, que es lo que hemos hecho durante toda la legislatura. (Un señor diputado: ¡Qué risa!— Aplausos.) ¿De verdad cree alguien que si hubiéramos sido inmoderados, que si hubiéramos tenido poco sentido común hubieran ido las cosas mejor, con el ánimo que hemos visto por parte de muchos grupos durante la legislatura? Yo creo que no, que no hubiera ido mejor. Por otro lado, es un error confundir el respeto con el miedo, la prudencia con la cobardía, la moderación con la pusilanimidad. Los cardenales de Colón son una cosa y la comunidad católica otra, y eso lo sabe bien la sociedad española; es el apoyo de esa sociedad el que establece al mismo tiempo nuestra fuerza y nuestro límite como responsables políticos.

Nosotros hemos sido coherentes con nuestras convicciones, somos un partido progresista, y si algo ha caracterizado el proceso de civilización es la separación de la religión y de la política. Por desgracia, en nuestro país tardó mucho en producirse esa separación, y a lo que se ve algunos no se resignan todavía. Pero defender nuestras convicciones no va contra nadie; la ley que permite casarse a personas del mismo sexo no obliga a ninguna pareja de homosexuales católicos a contraer matrimonio; la ley del divorcio no obliga a ninguna pareja de católicos que tenga problemas en su matrimonio a divorciarse; ninguna madre católica cuya vida esté en peligro en un embarazo está obligada por ninguna ley a abortar; al contrario, las leyes del Estado protegen la libertad de esas personas para actuar de acuerdo con su conciencia; de igual modo que las leyes de nuestro Estado no les impiden a los que creen ganarse el cielo, no obligan a los que no creen a vivir en un infierno durante sus vidas.

Esas son las leyes que molestan a unos cuantos, a unos pocos príncipes de la Iglesia, pero no son ellos los que ponen en peligro nuestras libertades, son los señores que se sientan enfrente de nosotros (La señora García- Alcañiz Calvo: ¡Qué barbaridad!), que están dispuestos a derogar las leyes que garantizan la libertad de todos para imponernos sus valores morales privados, para convertir en una obligación para los demás lo que para ellos es una opción que abrazan libremente; eso es lo que pretenden. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Qué barbaridad!)

Y les voy a decir, para acabar, que pertenecen ustedes a una triste estirpe de la derecha española, una derecha que en los momentos decisivos para nuestra patria, para nuestro país, cuando han tenido que elegir entre salvar su alma y salvar la patria han preferido salvar su alma y condenar la patria, la patria de las libertades. (Una señora diputada: ¡Ay, la patria!— Aplausos.— Rumores.)

Comisión Constitucional del 10 de enero de 2008

El señor PRESIDENTE: Como última intervención de los grupos tiene la palabra el nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Torres Mora.

 El señor TORRES MORA: Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pidió en la Diputación Permanente del pasado martes que la vicepresidenta del Gobierno compareciera ante la Comisión Constitucional para dar cuenta de las relaciones Iglesia-Estado y la señora Fernández de la Vega, en un acto que honra su trayectoria en esta Cámara durante la legislatura, decidió comparecer voluntariamente en esta comisión. Se ha dicho aquí que la comparecencia tiene una intencionalidad electoral; estaremos de acuerdo en que primero habría que juzgar la petición de la comparecencia y la intención de la petición de la comparecencia.
Cuando a un miembro del Gobierno le piden su comparecencia parece que lo más sensato y algunos de los que han criticado a la vicepresidenta han hecho referencia a su calidad como parlamentaria, cuando hacen una petición de comparecencia a un miembro del Gobierno parece que parlamentariamente lo razonable es que ante la duda, independientemente del contexto electoral o no, uno comparezca y dé cuenta ante esta Cámara de lo que se le pide. Además comparece en la Comisión Constitucional porque es la sede en la que debe comparecer la vicepresidenta del Gobierno cuando hay una petición de comparecencia de ella, y además hay otros temas que también preocupan a los españoles como la subida del pan que decía algún honorable diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, para lo que también hay una sede en la que comparecer y en la que va a comparecer esta mañana el vicepresidente económico del Gobierno haciendo gala del estilo del Gobierno durante todos estos cuatro años. O sea, todo es bastante lógico.
Es obvio, de todos modos, que si se ha pedido su comparecencia justo en este momento es porque el día 30 el Arzobispado de Madrid organizó un acto en la plaza de Colón, un acto que en teoría fue convocado en defensa de la familia cristiana pero que en la práctica consistió en un mitin contra el Gobierno socialista (Un señor diputado: Pero qué dices!) Y lo que más lamentamos: fue un acto contra determinados derechos y libertades civiles de los españoles, por ejemplo, contra el derecho al divorcio o contra el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo; un ejercicio, sin duda, el que hicieron las personas que se concentraron, absolutamente democrático, pero cuyo objetivo era mermar algunas de las libertades cívicas de las que disfrutamos los españoles (Varios señores diputados: ¡No! - El señor Merino Delgado: No es verdad.) Ese era el objetivo: hacer desaparecer algunas de nuestras libertades, democráticamente ciertamente, pero su objetivo era que determinados derechos y libertades que ha aprobado esta Cámara desaparezcan de nuestro ordenamiento jurídico. (Rumores.)
Por cierto, se ha argumentado que había mucha gente en aquella manifestación y que el Gobierno no es democrático porque no les hizo caso. (Varios señores diputados: ¡No!) Tranquilícense, no voy a discutir cuántos había, pero estarán todos ustedes de acuerdo conmigo en que fuimos mucho más los que no fuimos a la manifestación (Risas.), así que si el número no es un buen argumento, tampoco lo son los argumentos que dieron los cardenales. (La señora García-Alcáñiz Calvo: ¡Qué pobreza argumental!) Por tanto, supongo que convendrán conmigo que en todo caso lo que hace democrático a un gobierno es que garantice el derecho de los ciudadanos a manifestarse, no que obedezca a los que se manifiestan.
De igual modo también se nos dice desde la derecha que el Gobierno no es democrático porque no acepta las críticas, luego críticas hay y además en abundancia (El señor Merino Delgado: ¿Por qué no las va a haber?), con lo cual es evidente que nadie las impide  Eso sería lo no democrático, que un gobierno tratara de impedir las críticas. (El señor Merino Delgado: Pero las descalifica.) ¿Pero tenemos los socialistas el derecho a expresar nuestro desacuerdo con las críticas que se hacen contra nosotros o es que ser democrático significa tener que aceptar sin rechistar las críticas que nos hacen los cardenales? Si es así, la derecha está ofreciendo un nuevo modelo de democracia, un modelo en el que criticar al Gobierno es un ejercicio de libertad y defenderlo un ejercicio de tiranía. Señor presidente, qué bien nos hubiera venido este modelo de democracia por parte de la derecha hace unas cuántas décadas.
Algunos de los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra estarán de acuerdo conmigo en que ante argumentos como estos tenemos la obligación de ser muy cuidadosos, muy pedagógicos desde el punto de vista de la cultura democrática, por eso no me parece edificante desde el punto de vista democrático ponernos a revisar en este preciso momento las relaciones Iglesia-Estado, es algo que no deberíamos hacer aunque solo fuera por decoro democrático, porque lo que se está proponiendo ahora por parte de algunos grupos sería una reacción contra quien nos critica, y eso podría parecer más el reflejo de un viejo pensamiento autoritario que la expresión de la fortaleza de una democracia. La contención, el soportar las críticas por injustas que sean, la determinación de trabajar activamente para sostener un sistema político caracterizado precisamente por la crítica son expresiones de fortaleza, no de debilidad democrática, así que a nuestros ojos y por injustas que parezcan las críticas que nos hicieron el 30 de diciembre en la plaza de Colón, aquello fue una expresión de vitalidad democrática de nuestra democracia. Por cierto, una vitalidad de nuestra democracia que tiene que ver mucho con que los cardenales tuvieran que expresarse en la calle y no en esta institución como ocurría durante el franquismo; ayuda mucho a nuestra democracia que sea así. Por tanto, no creo que sea este el momento de revisar, ni nosotros lo hemos pretendido, salvo comparecer para dar cuenta de lo que se nos pregunta, pero no es el momento de revisar las relaciones Iglesia-Estado, una Iglesia que es algo más y algo distinto que el sector fundamentalista del Episcopado. En democracia todo se puede discutir, pero algunas cosas será mejor discutirlas cuando todos estemos más serenos, es algo que merece una comunidad tan importante como son los católicos en nuestro país, una comunidad tan valiosa desde el punto de vista de la solidaridad, con tantas personas que sirven abnegadamente a los demás, especialmente a los más desamparados.
Que debatamos con calma y objetividad las relaciones Iglesia-Estado es un derecho democrático que les asiste, así que lo prudente, ya que algunos carecen de tranquilidad de ánimo para iniciar una deliberación serena, es abstenernos e iniciar una bronca. Los socialistas tenemos nuestras propias ideas y nuestros propios valores como todo el mundo, pero uno de esos valores, uno de los más importantes, es el valor de la convivencia; una convivencia que exige un sentido del límite y un sentido del equilibrio. Si por un momento hiciéramos el ejercicio mental de hacer desaparecer al PSOE de la vida política -supongo que a algunas de SS.SS. no les costará nada hacerlo-, ¿saben lo que quedaría? Con honrosas excepciones, lo que quedaría serían unas cuantas fuerzas con ánimo de chocar, sin otro límite que su capacidad para tomar impulso.
En estos días se ha dicho y escrito que el Gobierno socialista ha errado su actuación, que ha sido conciliador con la Iglesia y que esta le devuelve su buena voluntad con la bofetada de una crítica feroz a las concesiones que se le han hecho. Es una interpretación injusta. El Gobierno ha tratado a la Iglesia con respeto al mandato del artículo 16 de la Constitución y con respeto a su autonomía, pero no esperábamos que porque la tratáramos con respeto la Iglesia renunciara a sus planteamientos, de igual manera que nosotros no estamos dispuestos a renunciar a los nuestros. Porque, ¿cuáles son las supuestas concesiones del Gobierno? ¿Es una concesión el matrimonio entre personas del mismo sexo a la Iglesia? ¿Es una concesión la Ley del Divorcio? ¿Es una concesión la asignatura de educación para la ciudadanía? ¿Lo es el tratamiento de la asignatura de religión como una enseñanza no obligatoria? ¿Acaso es una concesión que la Iglesia pague el IVA o el impuesto sobre actividades económicas, o quizá que se financie exclusivamente por la decisión de los ciudadanos como primer paso para su autonomía financiera? ¿O es que haber tratado a la Iglesia con respeto y mediante el diálogo es una concesión? ¿Es que no merecen los católicos respeto y diálogo? Nosotros creemos que lo merecen absolutamente. Es una pena que algunos príncipes de la Iglesia no les tengan a los católicos el mismo respeto que les tiene este Gobierno y no se abstengan de instrumentalizar su fe para hacer campaña electoral de un candidato a presidir la Conferencia Episcopal o de un candidato a presidir el Gobierno de España. Y lo que es lamentable es que la Iglesia, en sus sectores más radicales, más fundamentalistas, organice un ataque al Gobierno socialista y alguno de nuestros socios se sumen al ataque.
Dice mi amigo, el filósofo Daniel Innerarity, que lo que se ha terminado no es la religión sino la organización religiosa de la sociedad, que es el tiempo de despolitizar la religión y de desacralizar la política. La pena es que estos planteamientos son demasiado modernos para los señores del Partido Popular y lo saben. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Qué tontería!) Por eso están escondiendo sus posiciones políticas. Ellos, que han alentado todos los extremismos que hemos vivido durante esta legislatura, ahora se esconden y no quieren reconocer que su objetivo es llevar (La señora García-Alcañiz Calvo: ¿Quién se esconde?) Sí, no quieren reconocer; se esconden porque lo que esconden son sus intenciones, y no quieren reconocer que su objetivo es llevar a cabo el viejo sueño de esos cardenales, que es convertir el pecado en delito. (Rumores.) Y no quieren reconocer que quieren convertir sus concepciones morales privadas en una norma de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Eso es lo que esconden. ¿Por qué no dicen claramente que van a derogar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que van a derogar la Ley del Divorcio? ¿Dónde están, señorías, los liberales del Partido Popular? ¿Dónde están los defensores de la libertad negativa, de la libertad como una interferencia? ¿O es que eso solo existe para el mercado y no para las conciencias? ¿Quiénes son ustedes de verdad? ¿Por qué no nos dicen cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Saben por qué? Porque su radicalismo es la expresión de su debilidad (Un señor diputado: ¡El ogro!), y su debilidad es la expresión de la distancia que hay entre sus intenciones y lo que desea la sociedad española. Bajo el liderazgo del señor Rajoy se han convertido ustedes en el brazo político de los sectores más fundamentalistas del episcopado, del poder del fundamentalismo. Y si pudieran, legislarían nuestras libertades civiles al gusto de modernos -o tendré que decir coetáneos porque modernos no es adecuado- torquemadas. (Rumores.) Ellos se complacen en ustedes. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Qué barbaridad!) Sí señora, yo también lo pienso. (Risas.) Es una verdadera barbaridad, que quieran hacer esto es verdaderamente una barbaridad, y que lo oculten me parece un acto de cobardía. (Un señor diputado: ¡Qué lenguaje!) Y creo que la valentía es otro de los valores importantes en política, la valentía de decir cuál es el verdadero objetivo que uno pretende. Nosotros hemos trabajado para producir equilibrio sin abandonar nuestros valores. Hemos considerado que el equilibrio es algo importante, que la armonía es algo importante y que a veces conviene ceder. Por eso hemos llegado a acuerdos con todos los grupos que están en la Cámara en algún momento. Creemos que ese es el valor que puede aportar el Partido Socialista a la vida política en nuestro país. (Rumores.) Yo siento mucho que algunos diputados del Partido Popular no se sientan bien representados por la señora Salom y quieran intervenir constantemente. (Risas.) Creo que no lo ha hecho mal; que ha reflejado bien lo que ustedes piensan. No deben hacerlo; es descortés con ella desconfiar de su intervención. Sí ya ha dicho lo que ustedes piensan. Déjennos decir a los demás lo que pensamos, y lo que pensamos es lo que estamos diciendo tranquilamente, con la mayor corrección.
Efectivamente, su proyecto, lo que están escondiendo, lo que quieren hacer lo quieren hacer por debilidad. Se someten por debilidad. Qué pena que no se sometieran cuando la Iglesia les dijo que no participaran en la guerra de Irak. Ustedes que hablan de peleas… aquello sí que fue una buena pelea. (Rumores.) Pero ustedes están dispuestos a someterse cuando se trata de sexo y a rebelarse cuando se trata de amor. (Risas.- Aplausos.- Un señor diputado: ¡Qué cacao mental tienes!)
 

Turno de Réplica

El señor PRESIDENTE: El señor Torres Mora tiene la palabra.
         El señor TORRES MORA: Muy brevemente.
         Señor Herrera, me parece muy bien que hagamos una evaluación del rendimiento de las políticas del Gobierno, creo que es una forma moderna de entender la política. En los objetivos, el Partido Socialista, el Gobierno socialista, es un partido de tradición reformista, moderado, realista en los objetivos que nos proponemos y, por tanto, jamás se nos ocurriría proponernos como objetivo cambiar la mentalidad de los cardenales; nuestro objetivo era sencillamente mejorar el nivel de libertad y de felicidad de los ciudadanos de nuestro país, en particular de ciudadanos que durante muchos años se han visto perjudicados por una moral que era muy injusta con sus diferencias, y en eso hemos colaborado todos o muchos de nosotros de una forma muy cordial, que creo que ha sido muy beneficiosa para esas personas. Por tanto, desde el punto de vista de los objetivos que sí nos hemos propuesto como Gobierno, como partido, creo que podemos estar razonablemente satisfechos.
         Señora Salom, cualquier cosa que haya hecho o dicho el Gobierno socialista en esta legislatura ha sido necesariamente en vísperas de una manifestación de la Iglesia, tal ha sido la abundancia de manifestaciones en esta legislatura. No podíamos hablar en ningún momento sin que fuera en vísperas de una manifestación de ciertos sectores de la Iglesia, naturalmente. Pero lo voy a decir una cosa, insiste usted en que aquí si uno es criticado lo que tiene que hacer es callarse; no, si uno es criticado, tiene derecho a responder. Y le voy a decir que lo que diga el señor Zapatero sobre un cardenal es tan legítimo como lo que diga un cardenal sobre el señor Zapatero. (Un señor diputado: Pero con respeto.) Es decir, podemos hablar todos siempre que lo hagamos con respeto a las personas, pero podemos discrepar de lo que esas personas dicen y de lo que manifiestan, eso es una democracia. Y la verdad, es muy duro terminar la legislatura defendiendo lo que es de sentido común.
Mire, claro que contestamos a las críticas, claro que la vicepresidenta tiene que contestar a las críticas, pero eso no significa perder el respeto a los que nos critican, simplemente significa respetar nuestros planteamientos y defenderlos porque al fin y al cabo son planteamientos, ideas y valores que representan también a muchos ciudadanos y esperan que los defendamos con respeto pero sólidamente y con rigor. O sea, que por favor, ya está bien, no insista. O sea, yo no estoy faltándole al respeto cuando contradigo lo que usted dice, ni usted me falta a mí cuando contradice lo que yo digo; nos faltamos al respeto cuando mentimos, cuando hacemos política desde la mentira, por eso los ciudadanos tienen derecho a que los políticos les digan la verdad y los ciudadanos tienen derecho a que ustedes les digan cuáles son sus verdaderas intenciones con los hechos que se han ampliado en esta legislatura. ¿Cuáles son sus intenciones? Los ciudadanos españoles tienen derecho también al final de esta legislatura, como al final de la anterior, a que ustedes les digan la verdad. (Aplausos.)
  

Lo que sigue es la transcripción literal del Diario de Sesiones de la intervención que hice el miércoles 31 de octubre de 2007 en el Pleno del Congreso de los Diputados. 

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 31 de octubre de 2007

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS: — PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099.)  

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 14 de diciembre de 2006 el Pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración del proyecto de Ley sobre las víctimas de la guerra civil y la dictadura que remitió el Gobierno. Tras casi un año de trabajos parlamentarios, el proyecto vuelve al Pleno con importantes mejoras, algo que no podemos afirmar de la oposición al mismo.

En los trámites de ponencia y Comisión hemos amplificado y resuelto con una fórmula jurídicamente más adecuada la declaración de reparación y reconocimiento personal. De igual modo, hemos mejorado algunas de las prestaciones económicas contenidas en el proyecto que envió el Gobierno, hemos introducido una cláusula de derogación expresa y formal de algunas leyes de la dictadura por su carácter radicalmente contrario a los derechos humanos y hemos atendido una sentida demanda de los hijos del exilio, ampliando la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Con todo, el texto que en su día presentó el Gobierno y el que hoy debatimos conservan el mismo espíritu, un espíritu que ha propiciado el encuentro y el acuerdo de quienes partíamos de posiciones distantes. La política es como una manta corta, solo puede cubrirnos a todos si nos unimos. Hay quien siempre ofrece a los ciudadanos su frustración porque no han conseguido la totalidad de sus objetivos y hay quienes ofrecemos un acuerdo.

Señor Herrera, le reconozco un gran mérito en esta ley, pero ha errado usted su intervención al atacar al Gobierno que la ha hecho posible. Son las manos libres del presidente Zapatero las que han sumado 164 votos a sus cinco votos para que usted pueda ofrecer una ley en lugar de un lamento. (Aplausos.)

Señor Tardà, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», la vicepresidenta nunca comprometió la anulación del juicio del señor Companys, sino restablecer la dignidad y el honor de él y de todos los que fueron víctimas de la violencia. (Aplausos.) Le emplazo a que, cuando lo tenga a bien, lea la declaración de la vicepresidenta.

Señorías, si Izquierda Unida, PNV, Convergència i Unió, BNG, la Chunta, Coalición Canaria y el PSOE hemos sido capaces de alcanzar un punto de encuentro, no hay razón para que en ese punto no estén Esquerra Republicana y el Grupo Popular. Su problema no es que no puedan, sino que no quieren llegar a un acuerdo (Aplausos.).

Un acuerdo que en esta ley tiene en cuenta a todas las víctimas, con independencia de que lo fueran por su ideología política, por sus creencias religiosas o por su forma de vivir. Las víctimas son por definición inocentes y su inocencia las debe unir ante nuestros ojos. Por eso no podemos estar de acuerdo con quienes defienden que la democracia no debe reparar a las víctimas que ya fueron reparadas por el franquismo. Eso supondría dar por buenas las reparaciones de una dictadura, cuando las víctimas de las atrocidades, procedan de donde procedan, tienen pleno derecho al reconocimiento público de la democracia. Sin embargo, es verdad que nuestra democracia hasta ahora no había reconocido el carácter de doble victimización de quienes, por pertenecer a los vencidos, no solo no fueron reparados durante largas décadas, sino que además han sufrido múltiples formas de persecución y discriminación a lo largo de todo este tiempo.

La presente ley, lejos de constituir, como dicen algunos sin creérselo del todo, la ruptura del espíritu fundacional de nuestra democracia, supone precisamente la continuación de la voluntad de reconciliación y de reencuentro democrático y pacífico característico de esa época. Lo que esta ley condena y expulsa de nuestro ordenamiento jurídico no es ni más ni menos que aquello que repugna a la conciencia democrática de cualquier ciudadano: la violencia política, la conculcación de los derechos humanos, los juicios sin garantías, las sentencias arbitrarias y las leyes injustas. Ningún demócrata puede sentir más que orgullo al ver cómo la democracia española proclama la ilegitimidad de tales actos.

Esta ley recoge, con ánimo de perfeccionarlo, aquel mismo espíritu de reconciliación mediante la introducción de claras mejoras en la reparación a las víctimas. Ello resulta a su vez coherente con la política de reconocimiento y ampliación de derechos seguida por el Gobierno a lo largo de esta legislatura. Lejos de ir en contra de los acuerdos fundacionales de nuestra democracia, esta ley contribuye a fortalecerlos en la medida en que supone una profundización en el espíritu de los mismos. Todos los pactos fundacionales son revisados y mejorados con el paso del tiempo, cuando las condiciones permiten ir más allá que en aquellos difíciles primeros momentos. Esta es la razón de las sucesivas medidas reparadoras que se han venido aprobando desde la Ley de Amnistía de 1977. En muchas de ellas se recoge explícitamente la voluntad de superar las limitaciones de aquellos primeros años de andadura democrática. Baste recordar que los militares de la UMD quedaron fuera del ámbito de la Ley de Amnistía hasta casi una década después, cuando en 1986 se amplió la Ley de Amnistía a los militares profesionales. No se estaban conculcando entonces los acuerdos de la transición.

Entonces, cada vez que se trataba de impulsar una medida que equiparara a los vencidos en la guerra civil con los vencedores o que supusiera la reparación de los represaliados por la dictadura, todas las voluntades se unían alrededor del Gobierno. En esto consistía también el espíritu de la transición, en el consenso alrededor de tales medidas. Es este aspecto fundamental del espíritu de la transición el que se ha roto por parte del principal partido de la oposición, que ha aprovechado este que debe ser un motivo de concordia para convertirlo en un motivo de discordia, como ha hecho con tantos otros en esta legislatura. (Aplausos.)

Es la generosidad que tuvo el PSOE cuando gobernaba la UCD lo que en nuestros días le está faltando al Partido Popular, un partido que entonces tuvo un escaso apoyo de los ciudadanos precisamente por no participar en alguno de los acuerdos básicos de la transición, como fueron la Ley de Amnistía o la parte política de los Acuerdos de la Moncloa. Ahora, treinta años después, ustedes reducen el espíritu de la transición a su letra, una letra que o no firmaron o firmaron a medias. Por eso ahora también van a votar a medias esta ley. No discuto que su espíritu, señores del Grupo Popular, es el mismo que ustedes tenían en 1977, pero les aseguro que ese espíritu de ustedes no es el de la transición. (Aplausos.)

No me extraña que ustedes piensen que una ley puede reescribir la historia. Eso de reescribir la historia es algo a lo que tienen bastante afición, incluso cuando la historia está sucediendo delante de nosotros. No les faltan medios para multiplicar hasta saturarnos que las calles estaban vacías cuando las llenábamos; que los lugares de trabajo estaban llenos cuando los vaciábamos; que había armas donde nunca las encontraron; que habían sido quienes no habían sido; que cedimos donde no cedimos y que esta ley pretende reescribir la historia, que pretende cambiar la memoria, como si la gente fuera a cambiar su memoria por 180 votos a favor, 120 en contra y 15 abstenciones. (Aplausos.) Si los españoles de hoy pudiéramos volver al pasado les aseguro que no sería para cambiar el nombre de los vencedores y los vencidos sino para impedir la guerra. (Aplausos.) Nada de lo que dicen es cierto.

Para condenar la guerra civil la ley cita literalmente un texto que ustedes mismos aprobaron en 2002, y para condenar el franquismo cita una declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la que se denuncian las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron en España entre los años 1936 y 1977. Nada que un demócrata no pueda apoyar. La ley es sumamente cuidadosa porque está hecha para unir a grupos muy distintos. Es tan evidente la voluntad integradora del proyecto de ley, que hasta los grupos que se oponen globalmente al mismo votaron una parte considerable del articulado a su paso por la Comisión Constitucional. Es tan elemental lo que se propone, tan justo, que incluso quienes llevan haciendo toda la legislatura un discurso apocalíptico contra esta ley no tienen otro remedio que votarla, aunque sea por la puerta de atrás.

Al final, como siempre, son molinos. Los gigantes, los fantasmas solo son fruto de la imaginación morbosa, y por más que los dirigentes del Partido Popular agiten el espantajo del pasado hasta romperse el brazo no conseguirán asustar a nadie. Las acusaciones de que esta ley abre antiguas heridas o libera viejos demonios se rompen contra el justo articulado de la misma. Confío en que cuando en marzo los ciudadanos vuelvan a descabalgarlos de sus expectativas de poder SS.SS. recuperen la cordura. (Aplausos.)

A lo largo de la legislatura se ha dicho que la ley que hoy debatimos es innecesaria, que es inoportuna y que es inadecuada. Innecesaria, porque, según afirman sus críticos, no hay una amplia demanda social. Inoportuna, porque todavía es pronto, o porque ya es tarde, es lo mismo; la doctrina es tan displicente como poco rigurosa. Inadecuada, porque es excesivo el rango de ley para lo que se propone.

¿Cuándo es necesaria una ley? ¿Cuándo la pide todo el mundo? Hemos hecho leyes, por ejemplo, para el acceso a la profesión de abogado o de procurador, para la reproducción asistida, para la adopción internacional o para la capitalidad de Madrid y de Barcelona. Sin duda, todos son colectivos importantes, pero ninguno de ellos abarca a la totalidad de los españoles, ni siquiera a la mayoría. Es verdad, esta ley se refiere solo a las familias de decenas de miles de personas que yacen en fosas comunes y a las que sufrieron violencia o exilio durante el franquismo; a ciudadanos que quieren saber dónde están sus padres, sus hermanos, o sus abuelos, que quieren recuperar sus restos y darles sepultura digna; a personas que quieren honrar la memoria de sus familiares que sufrieron una injusta violencia, a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la recuperación de la memoria de las víctimas. De acuerdo, no es una demanda mayoritaria, como no lo son tantas otras, pero es una demanda justa como pocas otras lo puedan ser. Por eso esta ley es necesaria. (Aplausos.) Así lo entiende la mayoría de la sociedad española cada vez que sobre este tema ha sido consultada; una mayoría amplia, tan amplia que incluso la mayoría de los votantes del Partido Popular consideran que esta ley es necesaria. Es necesaria para las personas que la piden y necesaria también para todos nosotros, para que quede memoria de que lamentamos los errores del pasado y de que hemos aprendido de ellos y nos hemos convertido en una sociedad mejor y más justa. Dos de cada tres españoles entrevistados por el CIS afirman que las víctimas de la guerra civil han sido las grandes olvidadas, y ya es hora de reparar la injusticia.

Ya ven SS.SS., ya es hora. No es una ley inoportuna. No lo es para quienes han esperado forzosamente cuarenta años y generosamente treinta más. No hay derecho a que durante la transición se les dijera que era demasiado pronto y que ahora se les diga que ya es demasiado tarde. (Aplausos.) Son personas que tienen más de 70 años; fueron generosos en la transición; se les pidió que postergaran el recuerdo de sus padres en pos del futuro de los hijos de todos. Y lo hicieron. Han cumplido. Lo dejaron para más adelante, pero nunca los olvidaron. ¿Los olvidaríamos nosotros? ¿A quién sorprende que sigan empeñados en encontrar los restos de sus padres, de sus hermanos, de personas que quisieron, que sintieron, que abrazaron? Creo que tampoco piden demasiado. Una lápida con un nombre no es pedir demasiado. No creo que eso vaya a romper la sociedad española. No creo que vaya a abrir más heridas que las suyas propias por un rato, por unos días, para que finalmente cierren para siempre.

Es bien poco. Quizá por eso hay quien dice que es una ley inadecuada por excesiva, que hubiera bastado con un par de decretos, con algunas órdenes ministeriales y otras medidas administrativas de rango menor. Aunque hay reserva de ley para alguno de los aspectos que se tratan en el proyecto, no quiero buscar refugio en argumentos de carácter técnico. No es necesario porque la discusión no es técnica. Bajo el argumento de que el rango normativo de ley es excesivo para las víctimas de la violencia late una razón política. Una ley tiene un valor simbólico que es especialmente valioso y pertinente cuando el contenido de la norma tiene precisamente un carácter de reparación pública, y eso es lo que se regatea a una parte de las víctimas de la guerra civil y a todas las víctimas del franquismo. A estas alturas se está dispuesto a apoyar una buena parte del articulado de la ley porque es razonable, porque responde a un criterio elemental de humanidad, pero se regatea el rango de ley. Aquí, señorías, hemos hecho leyes para las semillas y las plantas de vivero, pero hay quien considera excesivo hacerlo para quienes perdieron la guerra. (Aplausos.) La verdad, a estas alturas es tan necesario, oportuno y adecuado que muchas familias recuperen los restos y la memoria de sus víctimas como que algunos, muy pocos, se olviden ya de su rencor y otros se olviden de su temor. No puede haber temor ni en la mirada.

Tomar las mismas medidas de la ley con normas de menor rango sería como hacerlo a escondidas, con miedo o vergüenza, y eso, además de ser injusto para con las víctimas, casa mal con el espíritu de transparencia de este Gobierno, que es el espíritu de transparencia de la democracia española de 2007. No lo hacemos a escondidas. Un decreto sería, además, una medida exclusiva del Gobierno, y en una ley participamos todos. Esta ley tiene más valor reparador cuanto más la apoyemos. (Aplausos.)

Señorías, la reconciliación no nace del olvido sino del recuerdo. Hoy es un día mejor que otros para recordar a las víctimas de la violencia. Como demócratas podemos reivindicar juntos algo que nos une a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura, el valor de mantenerse fieles a sus ideas sin levantar la mano contra el prójimo. Eso es algo que la España de hoy tiene en común con las víctimas del pasado. Y dado que desde hace muchos años ya no hay dos Españas sino una, que es la que hemos conocido la mayor parte de las generaciones vivas, es razonable que esa España lamente, recuerde y repare la dignidad y la memoria de las víctimas de todos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres. Damos por concluido el debate de este punto.

Al igual que en la noche todos los gatos son pardos, la oscuridad de las dictaduras homogeneiza a los diferentes sectores de la oposición. Y de la dictadura franquista quedó un buen nivel de cercanía y entendimiento entre la oposición de izquierda y los nacionalismos democráticos de la periferia, dos proyectos políticos con sustanciales diferencias.

Durante décadas el entendimiento y la colaboración entre la izquierda española y los nacionalismos periféricos ha producido resultados positivos para todo el país. Sin embargo, en los últimos tiempos, hay síntomas de que algo debe cambiar en esa relación para que pueda seguir dando sus frutos.

Como hicimos en otras ocasiones, en la actual Legislatura los socialistas hemos pactado con los nacionalistas. Sin embargo, en esta ocasión nos hemos encontrado con un elemento nuevo, cuando los socialistas acordamos con los nacionalistas hacer reformas que mejoran el autogobierno de las Comunidades a las que pertenecen, reformas constitucionales y legítimas, el nacionalismo español las denuncia como pasos dirigidos a la ruptura de España.

Una ocurrencia como esa resultaría del todo increíble si no fuera porque, en ocasiones, nuestros socios han afirmado que, efectivamente, los pasos que damos juntos se encaminan en esa dirección. Algo que es igual de falso cuando lo afirman ellos que cuando lo dice el PP, pero que a dos voces parece más creíble. Y, de ese modo, en lugar de debatir sobre las mejoras administrativas y políticas en la gestión de la sanidad, la educación, la vivienda, las infraestructuras o el desarrollo económico, que es lo que estamos haciendo, debatimos sobre lo que no estamos haciendo, es decir, sobre la ruptura de España.

España no es uniforme, pero tampoco es un puzzle de piezas homogéneas. Las piezas son tan heterogéneas como el todo. Cuando los sociólogos preguntan sobre los sentimientos de identidad territorial en España, siempre se encuentran ante al triunfo del mestizaje, la mayoría contesta: tan vasco como español, tan catalán como español, tan andaluz como español, y así. La mayor parte de los ciudadanos de nuestro país tiene identidades mestizas. Los hay exclusivamente catalanes, vascos puros o españoles sin mácula, pero son los menos. Sus sentimientos son legítimos, pero minoritarios. Y sus proporciones no han cambiado desde la Transición.

Es verdad que se trata de la mirada de un sociólogo y no la de un historiador. Sin duda la historia nos ha traído a estas playas, nos ha hecho así, con estas identidades complejas y reales. Y es necesario conocer cómo se formaron y dónde. Pero la solución institucional que más conviene a esa multiplicidad de identidades no debe servir a quienes poblaron estas tierras en el pasado, sino a los del presente y a los del futuro. Y esa solución institucional pasa por un modelo muy parecido a lo que ya tenemos, un modelo de convivencia que permite la unidad política de todos los españoles y la autonomía necesaria para que se preserve la identidad, la lengua y la cultura de los que no se sienten españoles, o no sólo españoles. Con este modelo hemos salido ganando todos, los nacionalistas y los no nacionalistas.

Hemos pasado de ser un Estado centralista y unitario a ser un Estado descentralizado y compuesto. Y a los españoles nos ha ido muy bien incorporando la autonomía política de los territorios a nuestro proyecto político. Es bueno para la democracia que el poder esté dividido, y mejor que esté disperso. El éxito de la España democrática se debe en buena medida a esa dispersión del poder que la ha hecho más democrática y más próspera. Ha resultado mejor para nuestro desarrollo económico que en lugar de tener sólo un ministro de industria, tengamos además diecisiete consejeros de industria. Ha sido muy bueno multiplicar por diecisiete las instancias de decisión y control democrático. Quizá haya perjudicado a algunas castas de burócratas que han usurpado históricamente el poder político en España, pero ha beneficiado a todo el país.

Los españoles hemos hecho un esfuerzo transformando un Estado centralista y unitario en otro que atendiera a las demandas de los nacionalistas periféricos. Y nos hemos encontrado con que ese esfuerzo nos ha beneficiado también a nosotros. Sería razonable que los nacionalistas periféricos hicieran un esfuerzo por su parte renunciando a su programa máximo, a la independencia, que no a su identidad. Primero, porque es un proyecto inviable dada la composición identitaria de sus territorios, ya que traumatizaría y desgarraría a una parte muy importante de su población. Y, segundo, porque también ellos se beneficiarán de su renuncia.

En 1959 los socialistas alemanes renunciaron al marxismo en el famoso congreso celebrado en la localidad de Bad Godesberg. Veinte años después, en 1979, los socialistas españoles hicimos lo mismo. Internamente fue traumático, pero socialmente resultó un éxito. Al final, aquella renuncia nos ayudó a ganar la confianza de una gran mayoría para consolidar las libertades y construir el Estado del Bienestar.

Uno es lo que hace. La identidad de los socialistas es ampliar la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos, así la hemos construido en todas partes del mundo. Sin duda para llevar a cabo esa tarea deberemos seguir colaborando con los nacionalistas democráticos. Pero ayudaría mucho a nuestra colaboración que los nacionalistas se fueran de vacaciones dos o tres días, lo que dura un congreso, a Bad Godesberg.

José Andrés Torres Mora es diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE.

Publicado en Público el 5 de octubre de 2007