Se ha acabado la VIII legislatura de nuestra democracia. Terminamos debatiendo sobre las relaciones Iglesia Estado. Pocas cosas se parecen más al trabajo de Penélope que la política. Es así, ninguna libertad está ganada para siempre, cada generación debe sostener la libertad y ampliarla. Lo que sigue son las actas taquigráficas de mis últimas dos intervenciones de la legislatura, en Diputación Permanente el día 8 de enero y en la Comisión Constitucional el día 10. He respetado las anotaciones de las taquígrafas. Me parece que reflejan bien el ambiente vivo e intenso de ambos debates. En la página del Congreso están los Diarios de Sesiones con las intervenciones de todos los oradores.

 

Diputación Permanente correspondiente al martes, 8 de enero de 2008.

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.Yo no voy a pedir el voto en un mitin electoral ahora.Les felicito el año a todos.

La vicepresidenta va a comparecer a petición propia en la Comisión Constitucional. Con esta comparecencia la señora Fernández de la Vega hace honor a lo que ha sido su trayectoria a lo largo de la presente legislatura; acaba la legislatura con el mismo talante con que la ha vivido, sin hurtar un ápice de su responsabilidad ni de su presencia en ninguna situación por difícil o incómoda que haya resultado. Por otra parte, estoy de acuerdo con el señor Jané en que parecería lógico que el debate sustantivo se celebrara durante la comparecencia de la señora vicepresidenta, porque será ella quien pueda hablar con legitimidad en nombre del Gobierno. No obstante, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre afirmaciones que se han hecho aquí, y seré muy breve.

Decía el señor Tardà que la moderación no sirve contra la iglesia; es curioso, la derecha dice lo mismo respecto a Esquerra Republicana, que la moderación no sirve contra Esquerra Republicana. En realidad, cuando el Gobierno es moderado no pretende usar la moderación contra nadie sino a favor de la convivencia, que es lo que hemos hecho durante toda la legislatura. (Un señor diputado: ¡Qué risa!— Aplausos.) ¿De verdad cree alguien que si hubiéramos sido inmoderados, que si hubiéramos tenido poco sentido común hubieran ido las cosas mejor, con el ánimo que hemos visto por parte de muchos grupos durante la legislatura? Yo creo que no, que no hubiera ido mejor. Por otro lado, es un error confundir el respeto con el miedo, la prudencia con la cobardía, la moderación con la pusilanimidad. Los cardenales de Colón son una cosa y la comunidad católica otra, y eso lo sabe bien la sociedad española; es el apoyo de esa sociedad el que establece al mismo tiempo nuestra fuerza y nuestro límite como responsables políticos.

Nosotros hemos sido coherentes con nuestras convicciones, somos un partido progresista, y si algo ha caracterizado el proceso de civilización es la separación de la religión y de la política. Por desgracia, en nuestro país tardó mucho en producirse esa separación, y a lo que se ve algunos no se resignan todavía. Pero defender nuestras convicciones no va contra nadie; la ley que permite casarse a personas del mismo sexo no obliga a ninguna pareja de homosexuales católicos a contraer matrimonio; la ley del divorcio no obliga a ninguna pareja de católicos que tenga problemas en su matrimonio a divorciarse; ninguna madre católica cuya vida esté en peligro en un embarazo está obligada por ninguna ley a abortar; al contrario, las leyes del Estado protegen la libertad de esas personas para actuar de acuerdo con su conciencia; de igual modo que las leyes de nuestro Estado no les impiden a los que creen ganarse el cielo, no obligan a los que no creen a vivir en un infierno durante sus vidas.

Esas son las leyes que molestan a unos cuantos, a unos pocos príncipes de la Iglesia, pero no son ellos los que ponen en peligro nuestras libertades, son los señores que se sientan enfrente de nosotros (La señora García- Alcañiz Calvo: ¡Qué barbaridad!), que están dispuestos a derogar las leyes que garantizan la libertad de todos para imponernos sus valores morales privados, para convertir en una obligación para los demás lo que para ellos es una opción que abrazan libremente; eso es lo que pretenden. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Qué barbaridad!)

Y les voy a decir, para acabar, que pertenecen ustedes a una triste estirpe de la derecha española, una derecha que en los momentos decisivos para nuestra patria, para nuestro país, cuando han tenido que elegir entre salvar su alma y salvar la patria han preferido salvar su alma y condenar la patria, la patria de las libertades. (Una señora diputada: ¡Ay, la patria!— Aplausos.— Rumores.)

 

Comisión Constitucional del 10 de enero de 2008

 

El señor PRESIDENTE: Como última intervención de los grupos tiene la palabra el nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Torres Mora.

 El señor TORRES MORA: Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pidió en la Diputación Permanente del pasado martes que la vicepresidenta del Gobierno compareciera ante la Comisión Constitucional para dar cuenta de las relaciones Iglesia-Estado y la señora Fernández de la Vega, en un acto que honra su trayectoria en esta Cámara durante la legislatura, decidió comparecer voluntariamente en esta comisión. Se ha dicho aquí que la comparecencia tiene una intencionalidad electoral; estaremos de acuerdo en que primero habría que juzgar la petición de la comparecencia y la intención de la petición de la comparecencia.
Cuando a un miembro del Gobierno le piden su comparecencia parece que lo más sensato y algunos de los que han criticado a la vicepresidenta han hecho referencia a su calidad como parlamentaria, cuando hacen una petición de comparecencia a un miembro del Gobierno parece que parlamentariamente lo razonable es que ante la duda, independientemente del contexto electoral o no, uno comparezca y dé cuenta ante esta Cámara de lo que se le pide. Además comparece en la Comisión Constitucional porque es la sede en la que debe comparecer la vicepresidenta del Gobierno cuando hay una petición de comparecencia de ella, y además hay otros temas que también preocupan a los españoles como la subida del pan que decía algún honorable diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, para lo que también hay una sede en la que comparecer y en la que va a comparecer esta mañana el vicepresidente económico del Gobierno haciendo gala del estilo del Gobierno durante todos estos cuatro años. O sea, todo es bastante lógico.
Es obvio, de todos modos, que si se ha pedido su comparecencia justo en este momento es porque el día 30 el Arzobispado de Madrid organizó un acto en la plaza de Colón, un acto que en teoría fue convocado en defensa de la familia cristiana pero que en la práctica consistió en un mitin contra el Gobierno socialista (Un señor diputado: Pero qué dices!) Y lo que más lamentamos: fue un acto contra determinados derechos y libertades civiles de los españoles, por ejemplo, contra el derecho al divorcio o contra el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo; un ejercicio, sin duda, el que hicieron las personas que se concentraron, absolutamente democrático, pero cuyo objetivo era mermar algunas de las libertades cívicas de las que disfrutamos los españoles (Varios señores diputados: ¡No! - El señor Merino Delgado: No es verdad.) Ese era el objetivo: hacer desaparecer algunas de nuestras libertades, democráticamente ciertamente, pero su objetivo era que determinados derechos y libertades que ha aprobado esta Cámara desaparezcan de nuestro ordenamiento jurídico. (Rumores.)
Por cierto, se ha argumentado que había mucha gente en aquella manifestación y que el Gobierno no es democrático porque no les hizo caso. (Varios señores diputados: ¡No!) Tranquilícense, no voy a discutir cuántos había, pero estarán todos ustedes de acuerdo conmigo en que fuimos mucho más los que no fuimos a la manifestación (Risas.), así que si el número no es un buen argumento, tampoco lo son los argumentos que dieron los cardenales. (La señora García-Alcáñiz Calvo: ¡Qué pobreza argumental!) Por tanto, supongo que convendrán conmigo que en todo caso lo que hace democrático a un gobierno es que garantice el derecho de los ciudadanos a manifestarse, no que obedezca a los que se manifiestan.
De igual modo también se nos dice desde la derecha que el Gobierno no es democrático porque no acepta las críticas, luego críticas hay y además en abundancia (El señor Merino Delgado: ¿Por qué no las va a haber?), con lo cual es evidente que nadie las impide  Eso sería lo no democrático, que un gobierno tratara de impedir las críticas. (El señor Merino Delgado: Pero las descalifica.) ¿Pero tenemos los socialistas el derecho a expresar nuestro desacuerdo con las críticas que se hacen contra nosotros o es que ser democrático significa tener que aceptar sin rechistar las críticas que nos hacen los cardenales? Si es así, la derecha está ofreciendo un nuevo modelo de democracia, un modelo en el que criticar al Gobierno es un ejercicio de libertad y defenderlo un ejercicio de tiranía. Señor presidente, qué bien nos hubiera venido este modelo de democracia por parte de la derecha hace unas cuántas décadas.
Algunos de los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra estarán de acuerdo conmigo en que ante argumentos como estos tenemos la obligación de ser muy cuidadosos, muy pedagógicos desde el punto de vista de la cultura democrática, por eso no me parece edificante desde el punto de vista democrático ponernos a revisar en este preciso momento las relaciones Iglesia-Estado, es algo que no deberíamos hacer aunque solo fuera por decoro democrático, porque lo que se está proponiendo ahora por parte de algunos grupos sería una reacción contra quien nos critica, y eso podría parecer más el reflejo de un viejo pensamiento autoritario que la expresión de la fortaleza de una democracia. La contención, el soportar las críticas por injustas que sean, la determinación de trabajar activamente para sostener un sistema político caracterizado precisamente por la crítica son expresiones de fortaleza, no de debilidad democrática, así que a nuestros ojos y por injustas que parezcan las críticas que nos hicieron el 30 de diciembre en la plaza de Colón, aquello fue una expresión de vitalidad democrática de nuestra democracia. Por cierto, una vitalidad de nuestra democracia que tiene que ver mucho con que los cardenales tuvieran que expresarse en la calle y no en esta institución como ocurría durante el franquismo; ayuda mucho a nuestra democracia que sea así. Por tanto, no creo que sea este el momento de revisar, ni nosotros lo hemos pretendido, salvo comparecer para dar cuenta de lo que se nos pregunta, pero no es el momento de revisar las relaciones Iglesia-Estado, una Iglesia que es algo más y algo distinto que el sector fundamentalista del Episcopado. En democracia todo se puede discutir, pero algunas cosas será mejor discutirlas cuando todos estemos más serenos, es algo que merece una comunidad tan importante como son los católicos en nuestro país, una comunidad tan valiosa desde el punto de vista de la solidaridad, con tantas personas que sirven abnegadamente a los demás, especialmente a los más desamparados.
Que debatamos con calma y objetividad las relaciones Iglesia-Estado es un derecho democrático que les asiste, así que lo prudente, ya que algunos carecen de tranquilidad de ánimo para iniciar una deliberación serena, es abstenernos e iniciar una bronca. Los socialistas tenemos nuestras propias ideas y nuestros propios valores como todo el mundo, pero uno de esos valores, uno de los más importantes, es el valor de la convivencia; una convivencia que exige un sentido del límite y un sentido del equilibrio. Si por un momento hiciéramos el ejercicio mental de hacer desaparecer al PSOE de la vida política -supongo que a algunas de SS.SS. no les costará nada hacerlo-, ¿saben lo que quedaría? Con honrosas excepciones, lo que quedaría serían unas cuantas fuerzas con ánimo de chocar, sin otro límite que su capacidad para tomar impulso.
En estos días se ha dicho y escrito que el Gobierno socialista ha errado su actuación, que ha sido conciliador con la Iglesia y que esta le devuelve su buena voluntad con la bofetada de una crítica feroz a las concesiones que se le han hecho. Es una interpretación injusta. El Gobierno ha tratado a la Iglesia con respeto al mandato del artículo 16 de la Constitución y con respeto a su autonomía, pero no esperábamos que porque la tratáramos con respeto la Iglesia renunciara a sus planteamientos, de igual manera que nosotros no estamos dispuestos a renunciar a los nuestros. Porque, ¿cuáles son las supuestas concesiones del Gobierno? ¿Es una concesión el matrimonio entre personas del mismo sexo a la Iglesia? ¿Es una concesión la Ley del Divorcio? ¿Es una concesión la asignatura de educación para la ciudadanía? ¿Lo es el tratamiento de la asignatura de religión como una enseñanza no obligatoria? ¿Acaso es una concesión que la Iglesia pague el IVA o el impuesto sobre actividades económicas, o quizá que se financie exclusivamente por la decisión de los ciudadanos como primer paso para su autonomía financiera? ¿O es que haber tratado a la Iglesia con respeto y mediante el diálogo es una concesión? ¿Es que no merecen los católicos respeto y diálogo? Nosotros creemos que lo merecen absolutamente. Es una pena que algunos príncipes de la Iglesia no les tengan a los católicos el mismo respeto que les tiene este Gobierno y no se abstengan de instrumentalizar su fe para hacer campaña electoral de un candidato a presidir la Conferencia Episcopal o de un candidato a presidir el Gobierno de España. Y lo que es lamentable es que la Iglesia, en sus sectores más radicales, más fundamentalistas, organice un ataque al Gobierno socialista y alguno de nuestros socios se sumen al ataque.
Dice mi amigo, el filósofo Daniel Innerarity, que lo que se ha terminado no es la religión sino la organización religiosa de la sociedad, que es el tiempo de despolitizar la religión y de desacralizar la política. La pena es que estos planteamientos son demasiado modernos para los señores del Partido Popular y lo saben. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Qué tontería!) Por eso están escondiendo sus posiciones políticas. Ellos, que han alentado todos los extremismos que hemos vivido durante esta legislatura, ahora se esconden y no quieren reconocer que su objetivo es llevar (La señora García-Alcañiz Calvo: ¿Quién se esconde?) Sí, no quieren reconocer; se esconden porque lo que esconden son sus intenciones, y no quieren reconocer que su objetivo es llevar a cabo el viejo sueño de esos cardenales, que es convertir el pecado en delito. (Rumores.) Y no quieren reconocer que quieren convertir sus concepciones morales privadas en una norma de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Eso es lo que esconden. ¿Por qué no dicen claramente que van a derogar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que van a derogar la Ley del Divorcio? ¿Dónde están, señorías, los liberales del Partido Popular? ¿Dónde están los defensores de la libertad negativa, de la libertad como una interferencia? ¿O es que eso solo existe para el mercado y no para las conciencias? ¿Quiénes son ustedes de verdad? ¿Por qué no nos dicen cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Saben por qué? Porque su radicalismo es la expresión de su debilidad (Un señor diputado: ¡El ogro!), y su debilidad es la expresión de la distancia que hay entre sus intenciones y lo que desea la sociedad española. Bajo el liderazgo del señor Rajoy se han convertido ustedes en el brazo político de los sectores más fundamentalistas del episcopado, del poder del fundamentalismo. Y si pudieran, legislarían nuestras libertades civiles al gusto de modernos -o tendré que decir coetáneos porque modernos no es adecuado- torquemadas. (Rumores.) Ellos se complacen en ustedes. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Qué barbaridad!) Sí señora, yo también lo pienso. (Risas.) Es una verdadera barbaridad, que quieran hacer esto es verdaderamente una barbaridad, y que lo oculten me parece un acto de cobardía. (Un señor diputado: ¡Qué lenguaje!) Y creo que la valentía es otro de los valores importantes en política, la valentía de decir cuál es el verdadero objetivo que uno pretende. Nosotros hemos trabajado para producir equilibrio sin abandonar nuestros valores. Hemos considerado que el equilibrio es algo importante, que la armonía es algo importante y que a veces conviene ceder. Por eso hemos llegado a acuerdos con todos los grupos que están en la Cámara en algún momento. Creemos que ese es el valor que puede aportar el Partido Socialista a la vida política en nuestro país. (Rumores.) Yo siento mucho que algunos diputados del Partido Popular no se sientan bien representados por la señora Salom y quieran intervenir constantemente. (Risas.) Creo que no lo ha hecho mal; que ha reflejado bien lo que ustedes piensan. No deben hacerlo; es descortés con ella desconfiar de su intervención. Sí ya ha dicho lo que ustedes piensan. Déjennos decir a los demás lo que pensamos, y lo que pensamos es lo que estamos diciendo tranquilamente, con la mayor corrección.
Efectivamente, su proyecto, lo que están escondiendo, lo que quieren hacer lo quieren hacer por debilidad. Se someten por debilidad. Qué pena que no se sometieran cuando la Iglesia les dijo que no participaran en la guerra de Irak. Ustedes que hablan de peleas… aquello sí que fue una buena pelea. (Rumores.) Pero ustedes están dispuestos a someterse cuando se trata de sexo y a rebelarse cuando se trata de amor. (Risas.- Aplausos.- Un señor diputado: ¡Qué cacao mental tienes!)
 

Turno de Réplica

El señor PRESIDENTE: El señor Torres Mora tiene la palabra.
         El señor TORRES MORA: Muy brevemente.
         Señor Herrera, me parece muy bien que hagamos una evaluación del rendimiento de las políticas del Gobierno, creo que es una forma moderna de entender la política. En los objetivos, el Partido Socialista, el Gobierno socialista, es un partido de tradición reformista, moderado, realista en los objetivos que nos proponemos y, por tanto, jamás se nos ocurriría proponernos como objetivo cambiar la mentalidad de los cardenales; nuestro objetivo era sencillamente mejorar el nivel de libertad y de felicidad de los ciudadanos de nuestro país, en particular de ciudadanos que durante muchos años se han visto perjudicados por una moral que era muy injusta con sus diferencias, y en eso hemos colaborado todos o muchos de nosotros de una forma muy cordial, que creo que ha sido muy beneficiosa para esas personas. Por tanto, desde el punto de vista de los objetivos que sí nos hemos propuesto como Gobierno, como partido, creo que podemos estar razonablemente satisfechos.
         Señora Salom, cualquier cosa que haya hecho o dicho el Gobierno socialista en esta legislatura ha sido necesariamente en vísperas de una manifestación de la Iglesia, tal ha sido la abundancia de manifestaciones en esta legislatura. No podíamos hablar en ningún momento sin que fuera en vísperas de una manifestación de ciertos sectores de la Iglesia, naturalmente. Pero lo voy a decir una cosa, insiste usted en que aquí si uno es criticado lo que tiene que hacer es callarse; no, si uno es criticado, tiene derecho a responder. Y le voy a decir que lo que diga el señor Zapatero sobre un cardenal es tan legítimo como lo que diga un cardenal sobre el señor Zapatero. (Un señor diputado: Pero con respeto.) Es decir, podemos hablar todos siempre que lo hagamos con respeto a las personas, pero podemos discrepar de lo que esas personas dicen y de lo que manifiestan, eso es una democracia. Y la verdad, es muy duro terminar la legislatura defendiendo lo que es de sentido común.
Mire, claro que contestamos a las críticas, claro que la vicepresidenta tiene que contestar a las críticas, pero eso no significa perder el respeto a los que nos critican, simplemente significa respetar nuestros planteamientos y defenderlos porque al fin y al cabo son planteamientos, ideas y valores que representan también a muchos ciudadanos y esperan que los defendamos con respeto pero sólidamente y con rigor. O sea, que por favor, ya está bien, no insista. O sea, yo no estoy faltándole al respeto cuando contradigo lo que usted dice, ni usted me falta a mí cuando contradice lo que yo digo; nos faltamos al respeto cuando mentimos, cuando hacemos política desde la mentira, por eso los ciudadanos tienen derecho a que los políticos les digan la verdad y los ciudadanos tienen derecho a que ustedes les digan cuáles son sus verdaderas intenciones con los hechos que se han ampliado en esta legislatura. ¿Cuáles son sus intenciones? Los ciudadanos españoles tienen derecho también al final de esta legislatura, como al final de la anterior, a que ustedes les digan la verdad. (Aplausos.)
  

 

 

 

 

Lo que sigue es la transcripción literal del Diario de Sesiones de la intervención que hice el miércoles 31 de octubre de 2007 en el Pleno del Congreso de los Diputados. 

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 31 de octubre de 2007

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS: — PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099.)  

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 14 de diciembre de 2006 el Pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración del proyecto de Ley sobre las víctimas de la guerra civil y la dictadura que remitió el Gobierno. Tras casi un año de trabajos parlamentarios, el proyecto vuelve al Pleno con importantes mejoras, algo que no podemos afirmar de la oposición al mismo.

En los trámites de ponencia y Comisión hemos amplificado y resuelto con una fórmula jurídicamente más adecuada la declaración de reparación y reconocimiento personal. De igual modo, hemos mejorado algunas de las prestaciones económicas contenidas en el proyecto que envió el Gobierno, hemos introducido una cláusula de derogación expresa y formal de algunas leyes de la dictadura por su carácter radicalmente contrario a los derechos humanos y hemos atendido una sentida demanda de los hijos del exilio, ampliando la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Con todo, el texto que en su día presentó el Gobierno y el que hoy debatimos conservan el mismo espíritu, un espíritu que ha propiciado el encuentro y el acuerdo de quienes partíamos de posiciones distantes. La política es como una manta corta, solo puede cubrirnos a todos si nos unimos. Hay quien siempre ofrece a los ciudadanos su frustración porque no han conseguido la totalidad de sus objetivos y hay quienes ofrecemos un acuerdo.

Señor Herrera, le reconozco un gran mérito en esta ley, pero ha errado usted su intervención al atacar al Gobierno que la ha hecho posible. Son las manos libres del presidente Zapatero las que han sumado 164 votos a sus cinco votos para que usted pueda ofrecer una ley en lugar de un lamento. (Aplausos.)

Señor Tardà, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», la vicepresidenta nunca comprometió la anulación del juicio del señor Companys, sino restablecer la dignidad y el honor de él y de todos los que fueron víctimas de la violencia. (Aplausos.) Le emplazo a que, cuando lo tenga a bien, lea la declaración de la vicepresidenta.

Señorías, si Izquierda Unida, PNV, Convergència i Unió, BNG, la Chunta, Coalición Canaria y el PSOE hemos sido capaces de alcanzar un punto de encuentro, no hay razón para que en ese punto no estén Esquerra Republicana y el Grupo Popular. Su problema no es que no puedan, sino que no quieren llegar a un acuerdo (Aplausos.).

Un acuerdo que en esta ley tiene en cuenta a todas las víctimas, con independencia de que lo fueran por su ideología política, por sus creencias religiosas o por su forma de vivir. Las víctimas son por definición inocentes y su inocencia las debe unir ante nuestros ojos. Por eso no podemos estar de acuerdo con quienes defienden que la democracia no debe reparar a las víctimas que ya fueron reparadas por el franquismo. Eso supondría dar por buenas las reparaciones de una dictadura, cuando las víctimas de las atrocidades, procedan de donde procedan, tienen pleno derecho al reconocimiento público de la democracia. Sin embargo, es verdad que nuestra democracia hasta ahora no había reconocido el carácter de doble victimización de quienes, por pertenecer a los vencidos, no solo no fueron reparados durante largas décadas, sino que además han sufrido múltiples formas de persecución y discriminación a lo largo de todo este tiempo.

La presente ley, lejos de constituir, como dicen algunos sin creérselo del todo, la ruptura del espíritu fundacional de nuestra democracia, supone precisamente la continuación de la voluntad de reconciliación y de reencuentro democrático y pacífico característico de esa época. Lo que esta ley condena y expulsa de nuestro ordenamiento jurídico no es ni más ni menos que aquello que repugna a la conciencia democrática de cualquier ciudadano: la violencia política, la conculcación de los derechos humanos, los juicios sin garantías, las sentencias arbitrarias y las leyes injustas. Ningún demócrata puede sentir más que orgullo al ver cómo la democracia española proclama la ilegitimidad de tales actos.

Esta ley recoge, con ánimo de perfeccionarlo, aquel mismo espíritu de reconciliación mediante la introducción de claras mejoras en la reparación a las víctimas. Ello resulta a su vez coherente con la política de reconocimiento y ampliación de derechos seguida por el Gobierno a lo largo de esta legislatura. Lejos de ir en contra de los acuerdos fundacionales de nuestra democracia, esta ley contribuye a fortalecerlos en la medida en que supone una profundización en el espíritu de los mismos. Todos los pactos fundacionales son revisados y mejorados con el paso del tiempo, cuando las condiciones permiten ir más allá que en aquellos difíciles primeros momentos. Esta es la razón de las sucesivas medidas reparadoras que se han venido aprobando desde la Ley de Amnistía de 1977. En muchas de ellas se recoge explícitamente la voluntad de superar las limitaciones de aquellos primeros años de andadura democrática. Baste recordar que los militares de la UMD quedaron fuera del ámbito de la Ley de Amnistía hasta casi una década después, cuando en 1986 se amplió la Ley de Amnistía a los militares profesionales. No se estaban conculcando entonces los acuerdos de la transición.

Entonces, cada vez que se trataba de impulsar una medida que equiparara a los vencidos en la guerra civil con los vencedores o que supusiera la reparación de los represaliados por la dictadura, todas las voluntades se unían alrededor del Gobierno. En esto consistía también el espíritu de la transición, en el consenso alrededor de tales medidas. Es este aspecto fundamental del espíritu de la transición el que se ha roto por parte del principal partido de la oposición, que ha aprovechado este que debe ser un motivo de concordia para convertirlo en un motivo de discordia, como ha hecho con tantos otros en esta legislatura. (Aplausos.)

Es la generosidad que tuvo el PSOE cuando gobernaba la UCD lo que en nuestros días le está faltando al Partido Popular, un partido que entonces tuvo un escaso apoyo de los ciudadanos precisamente por no participar en alguno de los acuerdos básicos de la transición, como fueron la Ley de Amnistía o la parte política de los Acuerdos de la Moncloa. Ahora, treinta años después, ustedes reducen el espíritu de la transición a su letra, una letra que o no firmaron o firmaron a medias. Por eso ahora también van a votar a medias esta ley. No discuto que su espíritu, señores del Grupo Popular, es el mismo que ustedes tenían en 1977, pero les aseguro que ese espíritu de ustedes no es el de la transición. (Aplausos.)

No me extraña que ustedes piensen que una ley puede reescribir la historia. Eso de reescribir la historia es algo a lo que tienen bastante afición, incluso cuando la historia está sucediendo delante de nosotros. No les faltan medios para multiplicar hasta saturarnos que las calles estaban vacías cuando las llenábamos; que los lugares de trabajo estaban llenos cuando los vaciábamos; que había armas donde nunca las encontraron; que habían sido quienes no habían sido; que cedimos donde no cedimos y que esta ley pretende reescribir la historia, que pretende cambiar la memoria, como si la gente fuera a cambiar su memoria por 180 votos a favor, 120 en contra y 15 abstenciones. (Aplausos.) Si los españoles de hoy pudiéramos volver al pasado les aseguro que no sería para cambiar el nombre de los vencedores y los vencidos sino para impedir la guerra. (Aplausos.) Nada de lo que dicen es cierto.

Para condenar la guerra civil la ley cita literalmente un texto que ustedes mismos aprobaron en 2002, y para condenar el franquismo cita una declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la que se denuncian las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron en España entre los años 1936 y 1977. Nada que un demócrata no pueda apoyar. La ley es sumamente cuidadosa porque está hecha para unir a grupos muy distintos. Es tan evidente la voluntad integradora del proyecto de ley, que hasta los grupos que se oponen globalmente al mismo votaron una parte considerable del articulado a su paso por la Comisión Constitucional. Es tan elemental lo que se propone, tan justo, que incluso quienes llevan haciendo toda la legislatura un discurso apocalíptico contra esta ley no tienen otro remedio que votarla, aunque sea por la puerta de atrás.

Al final, como siempre, son molinos. Los gigantes, los fantasmas solo son fruto de la imaginación morbosa, y por más que los dirigentes del Partido Popular agiten el espantajo del pasado hasta romperse el brazo no conseguirán asustar a nadie. Las acusaciones de que esta ley abre antiguas heridas o libera viejos demonios se rompen contra el justo articulado de la misma. Confío en que cuando en marzo los ciudadanos vuelvan a descabalgarlos de sus expectativas de poder SS.SS. recuperen la cordura. (Aplausos.)

A lo largo de la legislatura se ha dicho que la ley que hoy debatimos es innecesaria, que es inoportuna y que es inadecuada. Innecesaria, porque, según afirman sus críticos, no hay una amplia demanda social. Inoportuna, porque todavía es pronto, o porque ya es tarde, es lo mismo; la doctrina es tan displicente como poco rigurosa. Inadecuada, porque es excesivo el rango de ley para lo que se propone.

¿Cuándo es necesaria una ley? ¿Cuándo la pide todo el mundo? Hemos hecho leyes, por ejemplo, para el acceso a la profesión de abogado o de procurador, para la reproducción asistida, para la adopción internacional o para la capitalidad de Madrid y de Barcelona. Sin duda, todos son colectivos importantes, pero ninguno de ellos abarca a la totalidad de los españoles, ni siquiera a la mayoría. Es verdad, esta ley se refiere solo a las familias de decenas de miles de personas que yacen en fosas comunes y a las que sufrieron violencia o exilio durante el franquismo; a ciudadanos que quieren saber dónde están sus padres, sus hermanos, o sus abuelos, que quieren recuperar sus restos y darles sepultura digna; a personas que quieren honrar la memoria de sus familiares que sufrieron una injusta violencia, a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la recuperación de la memoria de las víctimas. De acuerdo, no es una demanda mayoritaria, como no lo son tantas otras, pero es una demanda justa como pocas otras lo puedan ser. Por eso esta ley es necesaria. (Aplausos.) Así lo entiende la mayoría de la sociedad española cada vez que sobre este tema ha sido consultada; una mayoría amplia, tan amplia que incluso la mayoría de los votantes del Partido Popular consideran que esta ley es necesaria. Es necesaria para las personas que la piden y necesaria también para todos nosotros, para que quede memoria de que lamentamos los errores del pasado y de que hemos aprendido de ellos y nos hemos convertido en una sociedad mejor y más justa. Dos de cada tres españoles entrevistados por el CIS afirman que las víctimas de la guerra civil han sido las grandes olvidadas, y ya es hora de reparar la injusticia.

Ya ven SS.SS., ya es hora. No es una ley inoportuna. No lo es para quienes han esperado forzosamente cuarenta años y generosamente treinta más. No hay derecho a que durante la transición se les dijera que era demasiado pronto y que ahora se les diga que ya es demasiado tarde. (Aplausos.) Son personas que tienen más de 70 años; fueron generosos en la transición; se les pidió que postergaran el recuerdo de sus padres en pos del futuro de los hijos de todos. Y lo hicieron. Han cumplido. Lo dejaron para más adelante, pero nunca los olvidaron. ¿Los olvidaríamos nosotros? ¿A quién sorprende que sigan empeñados en encontrar los restos de sus padres, de sus hermanos, de personas que quisieron, que sintieron, que abrazaron? Creo que tampoco piden demasiado. Una lápida con un nombre no es pedir demasiado. No creo que eso vaya a romper la sociedad española. No creo que vaya a abrir más heridas que las suyas propias por un rato, por unos días, para que finalmente cierren para siempre.

Es bien poco. Quizá por eso hay quien dice que es una ley inadecuada por excesiva, que hubiera bastado con un par de decretos, con algunas órdenes ministeriales y otras medidas administrativas de rango menor. Aunque hay reserva de ley para alguno de los aspectos que se tratan en el proyecto, no quiero buscar refugio en argumentos de carácter técnico. No es necesario porque la discusión no es técnica. Bajo el argumento de que el rango normativo de ley es excesivo para las víctimas de la violencia late una razón política. Una ley tiene un valor simbólico que es especialmente valioso y pertinente cuando el contenido de la norma tiene precisamente un carácter de reparación pública, y eso es lo que se regatea a una parte de las víctimas de la guerra civil y a todas las víctimas del franquismo. A estas alturas se está dispuesto a apoyar una buena parte del articulado de la ley porque es razonable, porque responde a un criterio elemental de humanidad, pero se regatea el rango de ley. Aquí, señorías, hemos hecho leyes para las semillas y las plantas de vivero, pero hay quien considera excesivo hacerlo para quienes perdieron la guerra. (Aplausos.) La verdad, a estas alturas es tan necesario, oportuno y adecuado que muchas familias recuperen los restos y la memoria de sus víctimas como que algunos, muy pocos, se olviden ya de su rencor y otros se olviden de su temor. No puede haber temor ni en la mirada.

Tomar las mismas medidas de la ley con normas de menor rango sería como hacerlo a escondidas, con miedo o vergüenza, y eso, además de ser injusto para con las víctimas, casa mal con el espíritu de transparencia de este Gobierno, que es el espíritu de transparencia de la democracia española de 2007. No lo hacemos a escondidas. Un decreto sería, además, una medida exclusiva del Gobierno, y en una ley participamos todos. Esta ley tiene más valor reparador cuanto más la apoyemos. (Aplausos.)

Señorías, la reconciliación no nace del olvido sino del recuerdo. Hoy es un día mejor que otros para recordar a las víctimas de la violencia. Como demócratas podemos reivindicar juntos algo que nos une a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura, el valor de mantenerse fieles a sus ideas sin levantar la mano contra el prójimo. Eso es algo que la España de hoy tiene en común con las víctimas del pasado. Y dado que desde hace muchos años ya no hay dos Españas sino una, que es la que hemos conocido la mayor parte de las generaciones vivas, es razonable que esa España lamente, recuerde y repare la dignidad y la memoria de las víctimas de todos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres. Damos por concluido el debate de este punto.

(memoria histórica)

Al igual que en la noche todos los gatos son pardos, la oscuridad de las dictaduras homogeneiza a los diferentes sectores de la oposición. Y de la dictadura franquista quedó un buen nivel de cercanía y entendimiento entre la oposición de izquierda y los nacionalismos democráticos de la periferia, dos proyectos políticos con sustanciales diferencias.

Durante décadas el entendimiento y la colaboración entre la izquierda española y los nacionalismos periféricos ha producido resultados positivos para todo el país. Sin embargo, en los últimos tiempos, hay síntomas de que algo debe cambiar en esa relación para que pueda seguir dando sus frutos.

Como hicimos en otras ocasiones, en la actual Legislatura los socialistas hemos pactado con los nacionalistas. Sin embargo, en esta ocasión nos hemos encontrado con un elemento nuevo, cuando los socialistas acordamos con los nacionalistas hacer reformas que mejoran el autogobierno de las Comunidades a las que pertenecen, reformas constitucionales y legítimas, el nacionalismo español las denuncia como pasos dirigidos a la ruptura de España.

Una ocurrencia como esa resultaría del todo increíble si no fuera porque, en ocasiones, nuestros socios han afirmado que, efectivamente, los pasos que damos juntos se encaminan en esa dirección. Algo que es igual de falso cuando lo afirman ellos que cuando lo dice el PP, pero que a dos voces parece más creíble. Y, de ese modo, en lugar de debatir sobre las mejoras administrativas y políticas en la gestión de la sanidad, la educación, la vivienda, las infraestructuras o el desarrollo económico, que es lo que estamos haciendo, debatimos sobre lo que no estamos haciendo, es decir, sobre la ruptura de España.

España no es uniforme, pero tampoco es un puzzle de piezas homogéneas. Las piezas son tan heterogéneas como el todo. Cuando los sociólogos preguntan sobre los sentimientos de identidad territorial en España, siempre se encuentran ante al triunfo del mestizaje, la mayoría contesta: tan vasco como español, tan catalán como español, tan andaluz como español, y así. La mayor parte de los ciudadanos de nuestro país tiene identidades mestizas. Los hay exclusivamente catalanes, vascos puros o españoles sin mácula, pero son los menos. Sus sentimientos son legítimos, pero minoritarios. Y sus proporciones no han cambiado desde la Transición.

Es verdad que se trata de la mirada de un sociólogo y no la de un historiador. Sin duda la historia nos ha traído a estas playas, nos ha hecho así, con estas identidades complejas y reales. Y es necesario conocer cómo se formaron y dónde. Pero la solución institucional que más conviene a esa multiplicidad de identidades no debe servir a quienes poblaron estas tierras en el pasado, sino a los del presente y a los del futuro. Y esa solución institucional pasa por un modelo muy parecido a lo que ya tenemos, un modelo de convivencia que permite la unidad política de todos los españoles y la autonomía necesaria para que se preserve la identidad, la lengua y la cultura de los que no se sienten españoles, o no sólo españoles. Con este modelo hemos salido ganando todos, los nacionalistas y los no nacionalistas.

Hemos pasado de ser un Estado centralista y unitario a ser un Estado descentralizado y compuesto. Y a los españoles nos ha ido muy bien incorporando la autonomía política de los territorios a nuestro proyecto político. Es bueno para la democracia que el poder esté dividido, y mejor que esté disperso. El éxito de la España democrática se debe en buena medida a esa dispersión del poder que la ha hecho más democrática y más próspera. Ha resultado mejor para nuestro desarrollo económico que en lugar de tener sólo un ministro de industria, tengamos además diecisiete consejeros de industria. Ha sido muy bueno multiplicar por diecisiete las instancias de decisión y control democrático. Quizá haya perjudicado a algunas castas de burócratas que han usurpado históricamente el poder político en España, pero ha beneficiado a todo el país.

Los españoles hemos hecho un esfuerzo transformando un Estado centralista y unitario en otro que atendiera a las demandas de los nacionalistas periféricos. Y nos hemos encontrado con que ese esfuerzo nos ha beneficiado también a nosotros. Sería razonable que los nacionalistas periféricos hicieran un esfuerzo por su parte renunciando a su programa máximo, a la independencia, que no a su identidad. Primero, porque es un proyecto inviable dada la composición identitaria de sus territorios, ya que traumatizaría y desgarraría a una parte muy importante de su población. Y, segundo, porque también ellos se beneficiarán de su renuncia.

En 1959 los socialistas alemanes renunciaron al marxismo en el famoso congreso celebrado en la localidad de Bad Godesberg. Veinte años después, en 1979, los socialistas españoles hicimos lo mismo. Internamente fue traumático, pero socialmente resultó un éxito. Al final, aquella renuncia nos ayudó a ganar la confianza de una gran mayoría para consolidar las libertades y construir el Estado del Bienestar.

Uno es lo que hace. La identidad de los socialistas es ampliar la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos, así la hemos construido en todas partes del mundo. Sin duda para llevar a cabo esa tarea deberemos seguir colaborando con los nacionalistas democráticos. Pero ayudaría mucho a nuestra colaboración que los nacionalistas se fueran de vacaciones dos o tres días, lo que dura un congreso, a Bad Godesberg.

José Andrés Torres Mora es diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE.

Publicado en Público el 5 de octubre de 2007

En 1980 George Lakoff, junto con el filósofo Mark Jonson, publicó un libro titulado Metáforas de la vida cotidiana, sobre el papel de las metáforas a la hora de comprender el mundo. Al final del libro los autores dedicaban un pequeño apartado a la importancia de las metáforas en política, y afirmaban que una metáfora puede llevar a la degradación humana en virtud de aquello que oculta. Ponían como ejemplo de este tipo de metáforas denominar recurso al trabajo humano. Si el trabajo humano es un recurso productivo, al igual que el petróleo, la lógica lleva a perseguir un abastecimiento virtualmente inacabable de mano de obra barata. Una concepción que tiene amargas consecuencias prácticas para las condiciones de vida de los trabajadores. 

Casi un cuarto de siglo después, en 2004, Lakoff publicó un libro, dedicado específicamente al estudio del lenguaje político, titulado No pienses en un elefante. Entre ambos libros, la derecha norteamericana prosperó en la construcción de su proyecto ideológico, aprovechando precisamente los avances en lingüística y en teoría del conocimiento.  En su libro, Lakoff se propone poner en evidencia cuáles son los mecanismos de construcción del discurso de la derecha y cómo usarlos a favor de los valores de la izquierda.  Para Lakoff, las metáforas son mucho más que formas de embellecer el lenguaje, son marcos cognitivos, que nos orientan en la acción. Establecen el sentido del mundo, el sentido común. Una vez constituido el marco lo que ocurre dentro es prácticamente lógica deductiva. En cierto modo, el marco funciona como Hannah Arendt decía que funcionaba la ideología, como una idea lógica. A partir de una idea que se acepta acríticamente, todo lo demás se deduce por pura lógica. Si se aceptaba que los judíos eran una raza enferma, como sostenían los nazis, o que la pequeña burguesía era una clase decadente como pensaba el stalinismo, lo demás era deslizarse por una pendiente que llevaba a los campos de concentración y al exterminio. Cuando los promotores de la guerra de Iraq afirman que el mundo es mejor sin Sadam Housein, están haciendo ideología: Sadam era un tirano y, por tanto, con un tirano menos el mundo es mejor. La lógica de la idea es impecable, pero no resiste el contraste con la realidad. Lo cierto es que la situación de Iraq es bastante peor que hace cinco años. La idea de liberar a un país de su tirano, de exportar la democracia y los derechos humanos, oculta una realidad más siniestra: la invasión militar de ese país, la muerte de miles de personas, incluidos mujeres, ancianos y niños. Las metáforas no son inocentes. 

La derecha norteamericana está más ideologizada que nunca. La idea simple de la lucha del bien contra el mal, oscurece cualquier intento de explicación de las causas del terrorismo. Es más, todo intento de explicación es presentado como un intento de justificación. A la postre, la única solución “lógica” al problema del terrorismo es, para los neocon norteamericanos, el exterminio. La diferencia entre la actitud del PP en la tregua de 1998 y su actitud en la última tregua de ETA no sólo responde a puros intereses electorales, que también, sino a la influencia del pensamiento de la extrema derecha norteamericana. El libro de Lakoff no sólo anticipa la reacción de la derecha española a la tregua de ETA, decir que es lo mismo una misión de paz que una de guerra, que dialogar con los terroristas es igual a ceder ante ellos, que el matrimonio entre personas del mismo sexo es equivalente a la ruptura de la familia, son formas de enmarcar el pensamiento a favor de la derecha. Por eso sostiene Lakoff que la izquierda por razones políticas y la prensa por razones profesionales, tienen la obligación de no utilizar los marcos ideológicos de la derecha, sus metáforas, como si fueran naturales y neutrales. Y para ello, su libro es una buena ayuda.
 
José Andrés Torres Mora
Diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE
(*) Publicado en Tiempo el 13-7-2007

Vista desde la tradición democrática, la autocrítica goza de una infundada buena fama. Porque lo propio de la democracia es la crítica. Por eso la calidad de una democracia depende de las garantías institucionales para ejercer la crítica, y no la autocrítica.  Así que lo que cabe esperar de un debate parlamentario es que el Gobierno defienda su gestión, que la oposición la critique, y que los ciudadanos juzguen. Ese es el guión de las democracias. Y eso es lo que hemos visto en el pasado Debate sobre el estado de la Nación.

El Gobierno explicó y defendió su gestión. Una gestión que se resume en una legislatura de intenso crecimiento de la prosperidad y de un importante esfuerzo de redistribución de esa prosperidad a través de políticas sociales. Un balance en el que el Gobierno reconoció las limitaciones de algunas reformas, con la tranquilidad de conciencia de quien está empeñado en ellas y no desmaya en sus objetivos. Rajoy no fue capaz de refutar la argumentación de Zapatero. Se estrelló contra los dos millones y medio de empleos creados en la legislatura. Y también contra la modestia de quien los atribuye al esfuerzo de todos y no a un milagro personal. Fracasó frente al incremento del salario mínimo, de las pensiones, frente a leyes como la de Igualdad, o de la Dependencia. Rajoy falló en la crítica, porque en lugar de ayudar a identificar y resolver los problemas reales de los españoles se los ha inventado y, cuando ha sido posible, los ha creado. Por eso ensayó, por enésima vez, un relato de terror sobre la única base de juicios de intenciones y acusaciones tan poco fundadas como insidiosas.

Al final, Rajoy acaba la legislatura como la empezó. Esperanzado en que una mentira relacionada con el terrorismo le dé el poder. Nunca aceptó su derrota, y nunca aceptó la legitimidad del Gobierno socialista. El problema de iniciar una legislatura con una oposición en “No sostenido mayor” es que es muy difícil llegar al final sin perder el aliento. Cuando Rajoy acusó a Zapatero de traicionar a los muertos de ETA en el primer Debate del estado de la Nación, muchos pensamos, ¿qué dirá al final de la legislatura?  Pues bien, al final Rajoy se desinfló. Y, en el último Debate del estado de la Nación de la legislatura, Rajoy se bajó de la tribuna sin agotar el tiempo de su última réplica. Rajoy no tenía nada relevante que decir.

José Andrés Torres Mora
Diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE

(*)Publicado en Tiempo 6-7-2007    

 

Durante la manifestación del 10 de marzo, convocada por el PP para protestar contra la política antiterrorista del Gobierno, algunos jóvenes gritaban: “no somos fachas, somos españoles”. De ese modo expresaban perfectamente el problema frente al que nos encontramos. No distinguen su identidad nacional de su ideología política. Es obvio que ellos no querían ser confundidos con fachas, pero en lugar de decir que eran demócratas, o que eran del PP, dijeron que eran españoles. Y así, tratando de evitar la confusión con los fachas, la confirmaban.

Igual que estos jóvenes, los dirigentes del PP necesitaban aclarar que no eran fachas. Y, también como los jóvenes, eligieron un medio que en lugar de diferenciarlos, los terminó confundiendo con los fachas. Quisieron exorcizar el fantasma de la extrema derecha cubriendo literalmente su manifestación de banderas constitucionales. Y de este modo, para no hacer uso de la bandera facha, hicieron un uso facha de la bandera. Porque no es sólo el escudo de la bandera, sino el uso partidista de la misma lo que marca la diferencia entre los fachas y los demócratas. Y el PP, al hacer un uso banderizo de los símbolos constitucionales, al apropiarse del discurso del todo, se transformó en lo que tanto temía: el partido de lo único. 
 
Intuitivamente no resulta muy democrático que una parte de los españoles usen los símbolos de todos contra un gobierno elegido por la mayoría. Cuando los dirigentes del PP critican las políticas del gobierno en nombre de la nación, y no en nombre de su partido, van más allá de los límites de una oposición democrática. El espacio democrático se achica peligrosamente cuando la discrepancia se considera traición a la patria. Pero no sólo se empequeñece, sino que se degrada, pues la deslegitimación del adversario es también un incentivo para romper las reglas del juego. Y el uso de un tema de Estado como tema de confrontación entre partidos es una flagrante ruptura de las reglas del juego. Por eso no es casual que para hacer oposición en política antiterrorista, los dirigentes del PP se envuelvan en los símbolos del Estado. Sólo en nombre del Estado estarían legitimados para hacer política en esta materia. Y como no tienen legitimidad democrática para hacerlo, construyen un simulacro de representación. Usan el  discurso, el himno y la bandera de todos, para simular que representan al Estado. Una representación para la que podrán reclamar cualquier tipo de legitimidad metafísica, como hacen los fachas, pero nunca una legitimidad democrática.
 
Es indudable que el PP es un partido grande, que representa a muchos españoles. Pero, con ser grande, en él no cabe España. Y el intento de encajar España en los límites del PP pasa necesariamente por reducir el pluralismo del país. Por eso, incapaces de aceptar el doble pluralismo, territorial e ideológico, que constituye la España real, los dirigentes del PP sólo son capaces de ofrecer una España de partido.
 

 José Andrés Torres Mora.
Diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE.
Publicado en la revista Tiempo el 4 de abril de 2007  

Es imprudente explicar los hechos sociales por sus consecuencias. El que la actividad de ETA en la Transición sirviera para dar argumentos a los militares golpistas, no implica que ETA fuera una creación de los generales de Franco. Sólo un paranoico podría creer una idea como ésta. De igual modo, sólo un paranoico podría pensar que ETA puso la bomba en la T-4 para mejorar tres décimas la maltrecha valoración de Rajoy. Y sólo un paranoico desvergonzado se atrevería a insinuar que detrás de la bomba de la T-4 hay oscuras tramas ligadas al PP. Por desgracia, el Gobierno socialista ha venido sufriendo insidias basadas en hipótesis parecidas a lo largo de toda la actual legislatura. Hipótesis desvergonzadas que no tienen su origen en la locura, sino en el método. Un método basado en la mentira y la furia, miles de veces multiplicadas por el poder de sus medios. 

Muy pocas personas pondrían su esperanza en una bomba. Muy pocas personas dirían: si estalla una bomba, se demostrará que tengo razón. Y muchas menos se atreverían a colocarla y hacerla estallar. Sólo los terroristas y quienes los apoyan son capaces de poner sus esperanzas políticas en una bomba. Entre otras cosas porque las bombas, más pronto que tarde, acaban volviéndose contra los que ponen sus esperanzas en ellas. Y sabiendo eso, lo razonable es poner la esperanza en que no estalle ninguna bomba. Lo sensato es apostar la razón de uno, su proyecto político, su esperanza, a que no estalle una bomba. Y eso es lo que ha hecho el presidente Rodríguez Zapatero. 

No se equivoca, a la corta o a la larga, ésa es la apuesta ganadora. ETA está derrotada. La consolidación de la democracia en España arruinó sus esperanzas de provocar un golpe de Estado y la dejó sin estrategia política. El GAL le dio argumentos para ir tirando unos años. Pero, finalmente, la generalización de la mentalidad democrática en la vida política acabó con cualquier atisbo de sentido de la lucha armada. El fenómeno del terrorismo fundamentalista terminó por complicar la pura supervivencia militar de la banda. Ya no les ofrece a sus presos la esperanza de una victoria a cambio de su sufrimiento, sólo la propuesta degradante de un absurdo e inhumano intercambio de sufrimientos. Pero, a pesar de todo, nada impide que media docena de individuos puedan organizar una tragedia de proporciones gigantescas. La conciencia de la derrota de su proyecto político no impide a ETA morir matando.  Es obligación de todo Gobierno intentar acabar con el terrorismo. Y un Gobierno democrático utilizará para ello todos los medios que la ley y la política le proporcionan. Si progresa en la lucha antiterrorista, es muy probable que en algún momento se encuentre ante la posibilidad de lograr un final dialogado. Puede intentar aprovechar esa oportunidad o desdeñarla y procurar la aniquilación de la banda. Sin duda ambas opciones son inciertas y ambas tienen un coste; ninguna es segura ni gratuita. El objetivo de ambas es la victoria de la democracia y del Estado de derecho; la cuestión es elegir la opción que ahorre más vidas y más sufrimiento de todos. Intuitivamente parece claro que el diálogo debería ser la primera opción. 

Es posible que el contexto emocional de dolor y rabia tras un atentado pueda explicar ciertas afirmaciones sobre la estrategia que debemos seguir frente al terrorismo. Pero ni siquiera ese contexto emocional las justifica en un responsable político. Decirle a la gente que con los violentos no se dialoga es algo que desmiente cualquier asalto a una sucursal bancaria. La policía manda negociadores, no un tanque para volar la sucursal con criminales y rehenes dentro. No es propio de sistemas democráticos lo que hizo el presidente Putin con los terroristas chechenos en el colegio de Beslán y en el teatro Dubrovka. Y no es eficaz: el terrorismo continúa, y se hace más desesperado y brutal. Ni lo es la doctrina neoconservadora de Bush, que tanto gusta al PP, respecto al terrorismo fundamentalista islámico. Esa mezcla de silogismos simplistas, brutalidad tecnológica y retórica inflamada es peligrosa y contraproducente. No dudo de que la consigna “a por ellos” enardezca a algunos, y a lo mejor como himno de la selección podría valer. Pero, desde luego, no se puede decir que en sí misma sea una estrategia novedosa y suficiente para acabar con el terrorismo. 

Hay que tener muy poca fe en la democracia para creer que la democracia se prostituye o se debilita al hablar con los terroristas. No es la democracia la que traiciona su esencia dialogando con los terroristas. Es el terrorismo el que transforma su naturaleza al dialogar. El instrumento de la democracia es el diálogo, el de los terroristas la violencia, son ellos los que abandonan su campo al dialogar. Con el crimen de la T-4, los terroristas no sólo han puesto punto y final al diálogo, sino que se han arruinado como portadores de un proyecto político. 

Los que dicen que ETA está ahora más fuerte que hace tres años, no explican cómo miden la fuerza de ETA. ¿Es que hace tres años ETA no podía poner una bomba y matar a dos personas? Ningún partido se atrevería a poner en su programa electoral que garantiza que ETA no matará durante su legislatura. Durante todo este tiempo los mecanismos del Estado de derecho no han dejado de actuar, la policía ha detenido a más terroristas y la fiscalía ha formulado el triple de acusaciones que durante la tregua de 1999. No se ha retirado ni un solo recurso legal o policial en la lucha contra ETA durante este tiempo. El diálogo no ha sustituido ni un solo recurso de la lucha contra el terrorismo, sino que se ha sumado a los ya existentes. ¿Alguien se atreve a decir que si no hubiera habido diálogo hoy habría menos muertos?  La verdadera razón de las críticas del PP no es que consideren que el presidente haya cometido un error explorando la vía del diálogo. Ellos mismos lo hicieron en el pasado, y lo harían en el futuro, como es natural. Sin complejos. Sin miedo a contradecirse, sin vergüenza alguna por cómo se han comportado en este proceso. Saben que no es un error poner todos los medios democráticos para ahorrar sufrimiento a los españoles. 

 La verdadera razón de las críticas del PP es que consideran que la política antiterrorista es un asunto que les da réditos electorales; un tema, además, sobre el que se arrogan el monopolio de una extraña legitimidad para hacer lo que les plazca en el Gobierno y en la oposición. Muchas personas recordarán cómo, en los primeros ochenta, una parte de la derecha abucheaba a los ministros socialistas en los entierros de las víctimas de ETA. Más personas aún recordarán cómo Aznar afirmaba en 1996 que la manifestación contra el asesinato de Francisco Tomás y Valiente era una manifestación contra la política antiterrorista del Gobierno de Felipe González. El mismo Aznar que en 1999 llamaría, en una concesión retórica, Movimiento Vasco de Liberación a la banda terrorista. Y el mismo Aznar que más allá de la retórica acercó presos y permitió la vuelta del extranjero de miembros de ETA. Y la misma derecha que estos días se moviliza contra Zapatero con más rabia que contra la propia ETA. Quizá, además, por parecidas razones por las que insultaban al presidente Suárez cuando, al comienzo de la democracia, asistía a los entierros de las víctimas de ETA. 

No es que Zapatero esté haciendo algo distinto de lo que hicieron los anteriores presidentes de la democracia, es que el PP está haciendo lo mismo que hizo siempre, lo mismo que hizo la otra vez para llegar al poder: hacer oposición en materia antiterrorista. Un comportamiento poco leal y un mal negocio. Sólo quienes no creen en la democracia pueden pensar que en España las bombas cambian los Gobiernos, o las políticas de los Gobiernos.

Tan ciegos están en su querencia que ni siquiera se han preguntado qué efectos ha podido tener su comportamiento a lo largo de estos meses en el desarrollo y desenlace del proceso. Porque una cosa es que sean una oposición irresponsable y otra muy distinta es que sean una oposición inocua. Lejos de mi intención culpar al PP de lo que sólo son culpables los viles asesinos de ETA, sólo pretendo que se sitúen frente al espejo deformante que nos presentan a los demás, para que comprendan por qué tampoco nosotros nos reconocemos en ese espejo. Por otra parte, no hacemos ningún favor a nadie dejando que sobre nuestro silencio se apilen acusaciones infundadas, juicios de intenciones y lisas y llanas mentiras.   

Históricamente ha sido una desgracia para España tener una derecha tan nacionalista y tan poco patriota. Tan inflamada en la retórica y tan mezquina en los hechos, tan deprimida, que hasta le reprocha al presidente que cultive la esperanza. Y sin embargo, toda la historia de nuestra democracia sólo se explica porque los demócratas tenemos una esperanza a prueba de bomba.        

   

 

José Andrés Torres Mora es diputado y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Publicado en el diario EL PAÍS, el 12 de enero de 2007

Lo que sigue es la transcripción literal del Diario de Sesiones de la intervención que hice el jueves 14 de diciembre en el Pleno del Congreso de los Diputados.  

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 14 de diciembre de 2006

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

— Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 99-1, de 8 de septiembre de 2006.

(Número de expediente 121/000099.)

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, les ruego que me permitan contar brevemente una antigua historia. Los dos hermanos de Antígona se mataron entre sí luchando por el poder. El nuevo rey, Creonte, ordenó que enterraran a uno y que el otro fuera pasto de los perros y los buitres. Antígona muere por desafiar el edicto del rey Creonte y enterrar a su hermano. Antígona no estaba a favor de la guerra entre sus hermanos ni a favor de ningún hermano en la guerra, Antígona solo quería cumplir el deber de sepultura. Lamentablemente, los españoles tenemos una historia parecida. Hace setenta años los españoles se enfrentaron en una guerra civil; unos fueron enterrados con honores fúnebres y otros fueron arrojados a anónimas fosas comunes. (Aplausos.)

Setenta años después de la sublevación militar de 1936, una mayoría de españoles declara que las víctimas de la guerra han sido las grandes olvidadas y piensa que ya es hora de reparar esta injusticia. También piensa así una mayoría de las personas que han votado al Partido Popular.

Respondiendo a ese sentimiento, el Gobierno nos trae el proyecto de ley que ahora debatimos, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de las personas que fueron perseguidas y sufrieron violencia durante la dictadura y la guerra civil. Frente a la propuesta del Gobierno nos encontramos con tres enmiendas a la totalidad. El PP, con el espíritu de concordia que tiene en los últimos tiempos, presenta una enmienda de devolución. Dice que esta ley reabre las heridas del pasado y, naturalmente, rompe España.

Por otro lado, Izquierda Unida y Esquerra Republicana han presentado sendas enmiendas con texto alternativo porque dicen que esta ley es decepcionante, cuando lo decepcionante es el pasado al que se refiere esta ley. (Aplausos.)

Algunos piensan que si no satisface a todos, mejor que no satisfaga a ninguno. A nosotros nos parece que merece la pena, y merece la pena porque da una respuesta razonable a la demanda de las víctimas de una guerra y de una dictadura nada razonables.

Por eso me gustaría abundar algo más en las razones de un partido democrático que no da, pero no recibe, lecciones de solidaridad con las víctimas de la guerra y de la dictadura. (Aplausos.)

Señorías, tampoco la memoria quedó atada y bien atada. El 80 por ciento de los españoles considera que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo. Así que ni desmemoria ni amnesia, la gente sabe.

La memoria de los errores y de los horrores de la dictadura se conservó en las familias, pero se conservó para servir de semilla de la reconciliación en la transición. Tenemos treinta años de democracia en los que los historiadores españoles y extranjeros han trabajado libremente y han dibujado un relato contrastado de lo que ocurrió. No es misión del legislador imponer una determinada memoria histórica colectiva, ya la hay. La sociedad española sabe lo que ocurrió, y lo sabe como lo saben los pueblos democráticos, sin adoctrinamientos, sin verdades oficiales.

Somos legisladores, ni historiadores ni jueces. Nuestro trabajo no es establecer la verdad de los hechos históricos ni dictar o anular sentencias, pues no tenemos competencia técnica para una cosa ni competencia constitucional para la otra. A cambio, nosotros, y sólo nosotros, podemos hacer y dictar leyes. Esas son las reglas del Estado de derecho y del Estado democrático por las que murieron muchas de las personas a las que queremos homenajear con esta ley (Aplausos.). que tampoco es una ley para juzgar los crímenes de la dictadura.

Recuerdo a SS.SS. que en octubre de 1977 el Congreso aprobó una Ley de amnistía, que no es una ley de punto final de ningún dictador, es una ley aprobada por una Cámara democrática representando a los ciudadanos, esta Cámara, un acuerdo que apoyamos todos los grupos en aquel momento, excepto uno, el Grupo Popular. Genio y figura. (Aplausos.)

Lo que el Gobierno nos trae hoy es un proyecto de ley del derecho a la memoria individual y familiar, no una versión oficial sobre el pasado que pudiera cambiar otra mayoría parlamentaria. Sencillamente es una ley que afirma que la guerra y la dictadura fueron dos crímenes y dos fuentes de crímenes y de injusticias, y que las personas encarceladas, torturadas y asesinadas durante la guerra y la dictadura lo fueron injustamente.

Es una ley que no resta, que no cierra ninguna vía judicial, nacional o internacional, y tampoco la sustituye. Es una ley que continúa el camino de otras leyes y medidas que se han tomado desde el comienzo de la transición a favor de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, todas siempre desde el espíritu de concordia y de reparación. Cada día que ha pasado desde la transición, cada instante que hemos vivido en libertad, han sido un día y un instante de negación, de refutación y de condena de la dictadura.

Señor Atencia, el único que quiso revisar recientemente la transición y superarla fue su presidente, el señor Aznar, que escribió un libro que se llamaba La segunda transición. Unos nos empeñamos en recordar el pasado y otros se olvidan fácilmente.

La transición fue una oportunidad que aprovechamos, con la transición empezamos de nuevo; de nuevo, no de cero. Esa es la razón por la que es ejemplar y esa es la razón por la que necesitamos esta ley, porque tenemos un pasado, un pasado en el que muchas personas de nuestro país fueron condenadas a la muerte, a la indignidad y a ese amargo sucedáneo del olvido que se llama censura y represión.

Ninguna ley podría rescatar a las víctimas de la muerte, pero esta ley puede ayudar a muchas familias a rescatar y a restaurar la memoria pública de sus seres queridos. Se trata sencillamente de que desde los valores constitucionales, desde la legalidad democrática que se funda en el pacto de la transición, demos satisfacción a algunas personas y les ayudemos a cerrar, no a abrir, sus heridas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Lo reprimido siempre vuelve en forma de síntoma; sólo el que recuerda puede olvidar.

Señor Tardà, el abuelo del presidente, en el presente horrible de quien va a ser asesinado y lo sabe, supo ver ese presente con ojos de futuro y de concordia, y dijo: Muero inocente y perdono. Hoy usted mira el presente de España con ojos de pasado, y no es lo mismo. Lamento mucho que utilice la memoria del abuelo del presidente que sufrió injusticias en el 36 y hoy las ha vuelto a sufrir, una más, y es penoso que sea en nombre de Esquerra Republicana. (Aplausos.)

Señores del PP, ¿en qué les ofende que se facilite a las personas que lo desean el derecho a buscar los huesos de sus padres, de sus abuelos y los entierren en un lugar digno? (Rumores.) Ese es el único barro que quieren remover esas personas, el barro que cubre la tumba de los huesos de sus familiares. (Aplausos.) ¿En qué les molesta? Ese es el único barro de la historia que quieren remover; no quieren remover más barro.

¿En qué les molesta que se produzca un reconocimiento individual de que esas personas fueron asesinadas injustamente? No me puedo creer que les parezca mal que se pague una indemnización a las personas que pasaron más de tres años en las cárceles de la dictadura, luchando por una democracia que nos ha honrado con hacernos diputados a nosotros. (Aplausos.)

¡Qué España más extraña! No la reconozco aquí. No me puedo creer que este sea el problema. Nadie normal se puede creer que una familia divide a España porque quiera dejar claro que uno de los suyos, asesinado en un juicio sin garantías o en un paseillo sin juicio, fuera una persona de bien.

Señorías, han pasado 2.500 años desde que se escribió la historia de Antígona y la humanidad la ha representado muchas veces. Esta mañana podemos elegir libremente qué personaje queremos ser, si Antígona o Creonte. Yo les animo a que, en el trámite parlamentario de esta ley, no solo no nos dividamos las izquierdas sino que nos unamos todos los demócratas en el trabajo de Antígona. Muchas gracias. (Aplausos)

 

 

 

 

Decía Hannah Arendt que la diferencia entre la mentira tradicional y la mentira moderna es la misma que hay entre el ocultamiento y la destrucción. Las mentiras políticas modernas no pretenden ocultar la realidad de los hechos, sino sustituirla completamente. El mentiroso tradicional, al ocultar la verdad, se convierte en el último refugio de la misma. El mentiroso moderno, al creerse sus propias mentiras, destruye la verdad para siempre.La gran innovación propagandística de los regímenes totalitarios fue la creación de la mentira coherente y sistemática que sustituye la realidad de los hechos por un espejismo. Y esa sustitución tiene terribles consecuencias, pues destruye el sentido con el que establecemos el rumbo de nuestras acciones. La libertad de opinión sobre hechos falsos es una farsa.Para el poder totalitario hay hechos que son más incómodos que los disidentes. Un periodista que revela una verdad objetiva es más peligroso que cien articulistas de opinión. En los últimos años estamos viviendo un recrudecimiento de formas de propaganda política que no disputan las opiniones del adversario, sino que sustituyen los hechos, ya sea desde las tradicionales páginas de un periódico o desde los más modernos medios audiovisuales.Quizá para entender a cierta nueva derecha española y mundial, habría que aplicar la célebre frase de McLuhan “el medio es el mensaje”, no al soporte físico de la comunicación sino respecto a la mentira. La mentira es el medio y el mensaje de esa nueva derecha. El medio para alcanzar el poder y el mensaje sobre su proyecto político.

La ventaja de la mentira sobre la verdad es que quienes mienten tienen en cuenta lo que queremos y somos capaces de creer. Y una buena parte de los votantes del PP se encuentran en la necesidad de creer que hubo otros autores en los atentados del 11M, y así legitimar la actuación de Aznar y la derrota de su partido. Y el PP ha decidido no defraudarlos. Según las encuestas, un tercio de la población española no cree que esté claro que los autores del 11M fueran terroristas islámicos.

Ahora le ha tocado a la inseguridad ciudadana. Un problema citado por el 27% de los españoles en el barómetro del CIS de octubre de 2003, con Acebes de Ministro, y por un 16% en octubre de este año, con Rubalcaba de Ministro. No debe extrañar que los publicistas del PP hayan tenido que buscar las imágenes para hacer el video de denuncia en otro tiempo, 2002; y otro lugar, Colombia.

Pero, por sus posibles consecuencias, la peor de las campañas del PP es la que está haciendo respecto al fin de la violencia en el País Vasco. Que el PSOE responda con un video, no tiene más explicación que el uso legítimo de los recursos tecnológicos de nuestro tiempo. Lo verdaderamente relevante es que el video del PSOE usa la forma más poderosa de comunicación política: la verdad de los hechos. Véanlo, si me permiten el consejo.

José Andrés Torres Mora

Diputado y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE

(*) Publicado en la revista Tiempo el 4 de diciembre de 2006

 

Hace unos meses el profesor Santos Juliá escribía en las páginas dominicales de EL PAÍS, que “Zapatero pertenece a la primera generación de políticos que nunca se han dado una vuelta por los arrabales del sistema a la búsqueda de un punto de apoyo exterior desde el que levantar un nuevo mundo. Son políticos constitutivamente reformistas desde su primera juventud (…). Para ellos, el sistema actual es todo el sistema posible”.
¿Qué hay fuera de la política?, ¿dónde está ese punto de apoyo exterior que reivindicaba mi admirado Santos Juliá para cambiar el sistema? Para la tradición tecnocrática, de izquierdas o de derechas, ese punto se sitúa en el conocimiento experto, en la ciencia. Para los fundamentalistas en la religión. Para los nacionalistas en la historia. Todos ellos tienen una verdad que está por encima de la opinión democrática. Una democracia que, efectivamente, es para Rodríguez Zapatero todo el sistema posible.
La esperanza de que exista una idea teórica de la que extraer deductivamente las respuestas precisas a cada circunstancia que se presente en la vida política es tan vieja como fallida. Lo cierto es que los razonamientos políticos terminan en una elección. Finalmente, después de haber considerado racionalmente todas las posibilidades, el curso de la acción se elige, no se deduce. Al cabo, hay siempre un paso en la oscuridad, que exige fortuna además de virtud. Esa es la esencia de la libertad humana, y por ende de la política.
Gobernar democráticamente implica aceptar que el resultado es más fruto del acuerdo entre muchos, siempre contingente, que de un plan necesario. Sin duda ese carácter contingente de la vida política democrática produce vértigo. Y si gobernar democráticamente siempre implica incertidumbre, cuando se gobierna una democracia en la que algunos de los actores principales no comparten la legitimidad de las reglas del juego, la incertidumbre es mayor aún.
Comprendo que le puedan desagradar las contingencias de algunos procesos. Pero es injusto que Santos Juliá atribuya el carácter imprevisible de la política a la ausencia de un cuerpo de discurso de Rodríguez Zapatero. Y más injusto aún es acusarlo de tener un pensamiento débil. Acusación en la que no le va a la zaga el profesor Antonio Elorza que, en un artículo reciente, venía a atribuir la fuente de todos los problemas a la “insuperable ligereza de entendimiento” del Presidente Rodríguez Zapatero.
Cuando el señor Moreno, director de EL PAÍS, habla de la pésima gestión del proceso de reordenación territorial que ha hecho el presidente Rodríguez Zapatero, usa precisamente el término gestión. Y esa palabra, asociada a la política, pertenece más a una tradición más cercana al pensamiento autoritario de Platón que al republicano del Maquiavelo de los Discorsi. Si el proceso de reordenación territorial se estudia como un problema gerencial de distribución racional de competencias, nos estamos perdiendo la realidad. La realidad es que la reordenación territorial es un proceso político que expresa el conflicto entre distintas fuerzas que, además, van cambiando sus posiciones. ¿Cuál es la coherente línea de acción que está teniendo Rajoy respecto a las reformas estatutarias de las comunidades que gobierna su partido?
En ese sentido, es notable la injusta acusación de quienes sostienen que si no sabíamos dónde íbamos a ir, ¿para qué iniciamos el camino? Como si el camino lo hubiéramos iniciado nosotros. Como si estuviéramos en el momento inicial del proceso autonómico, cuando todo quedó abierto. Como si ahora no hubiera nuevos y poderosos actores como son las comunidades autónomas. Como si no se sentaran en el Parlamento diputados nacionalistas e independentistas y diputados que siguen sin estar de acuerdo con el Estado de las Autonomías. Como si pudiéramos hacer tábula rasa de la historia autonómica de los últimos 25 años y planear todo de nuevo desde la racionalidad pura y desinteresada.
Zapatero se encontró con un plan Ibarretxe, del que ya nadie se acuerda, pero que conmocionó a la sociedad española. Se encontró con una fuerte demanda catalana de una reforma estatutaria, y con otras cuantas reformas que ya estaban comprometidas en los programas de gobierno de varias autonomías. Ciertamente pudo hacer como Aznar, ese brillante estadista. Pero no pareció prudente. Cuando Aznar llegó al poder tuvo el voto de investidura del PNV, y cuando se fue nos dejó en marcha el plan Ibarretxe. Cuando llegó Aznar, ERC tenía un diputado, y cuando se fue tenía ocho. Cuando llegó teníamos un problema de terrorismo, y cuando se fue teníamos dos problemas de terrorismo y un problema territorial. Debe ser ese el modo políticamente correcto de tratar a los adversarios políticos, dejarlos más fuertes cuando te vas que cuando los encontraste.
Después de dos años y medio, Zapatero ha reconducido la relación con el PNV y ha sacado adelante el Estatuto de autonomía de Cataluña, y el cielo no ha caído sobre nuestras cabezas. Y sí, probablemente Rodríguez Zapatero cometiera un error: no hacer hincapié en el éxito en la adecuación del Estatuto a la Constitución. Y eso por no encarecer el acuerdo con las fuerzas nacionalistas dándose satisfacciones retóricas, de esas a las que la derecha nos tiene tan acostumbrados. Como consecuencia de esa actitud tenemos un Estatuto constitucional y algunos intelectuales confundidos. Por ejemplo, cuando pontifican sobre los efectos del Estatuto catalán sobre la unidad de España. Confundiendo el reconocimiento de una bilateralidad que viene siendo práctica habitual entre los Gobiernos autonómicos y central, con una bilateralidad vinculante que fuese el portillo por el que se colase una articulación confederal del Estado. Nunca me atrevería a poner en cuestión la capacidad de entendimiento del profesor Elorza, pero su discurso tiene más que ver con la excesiva exposición a las retóricas del nacionalismo español y del nacionalismo periférico, que con la lectura atenta del Estatuto que aprobamos en las Cortes.
 

A estas alturas del proceso, ya son reconocibles los rasgos objetivos de un nuevo modelo de desarrollo del Estado Autonómico, que va a permitir a los ciudadanos identificar mejor las responsabilidades de los diferentes poderes públicos. Un Estado Autonómico que ha producido mucha más igualdad territorial en España que el viejo e ineficaz Estado unitario que algunos todavía parecen añorar.
Me parece muy bien que el señor Elorza piense que los nacionalistas no tienen razón. Yo también lo creo, soy socialista. Pero cuando cierro los ojos en el hemiciclo y los abro, los nacionalistas no desaparecen, tampoco los diputados de la derecha, curiosa obstinación de la realidad. Están ahí, y también a ellos los han votado varios millones de ciudadanos. Y tienen derecho a defender lo que propugnan, y yo defiendo ese derecho aunque no me guste lo que dicen. Seguro que ellos piensan lo mismo de mis ideas. Pero tenemos que vivir, y eso exige incoherencias que no caben en las limpias teorías del pensamiento impecable.
 

Vivir. Eso querían hacer millones de personas en Irak cuando algunos políticos, al parecer menos leves que Zapatero, decidieron seguir los consejos de ciertos intelectuales impecables de la derecha. Los implacables defensores de la democracia y los derechos humanos decidieron que la paz que vivía el pueblo iraquí no era una paz verdadera. Que sin libertad, sin democracia, sin derechos humanos, bajo una religión fundamentalista, no hay verdadera paz. Cientos de miles de muertos más tarde, estos libertadores impecables e implacables no han cambiado de opinión. No es raro que la idea de la Alianza de Civilizaciones les resulte intelectualmente intolerable.
 

Con los mismos argumentos, la derecha exige la interrupción del proceso de paz en el País Vasco. Con argumentos impecables, los mismos que llamaron a ETA Movimiento de Liberación, los mismos que rebajaron penas, acercaron presos, dialogaron y negociaron, los mismos que hablaron de una paz sin vencedores ni vencidos, dicen ahora que sólo cabe la aniquilación de los asesinos. La paz dialogada les parece demasiado cara. Debe resultarles más barato intentarlo de otro modo.
 

Frente al Zapatero virtual que construyen sus adversarios para atacarlo cómodamente, hay un político patriota que ofreció un pacto antiterrorista a un partido que nunca tuvo reparos en usar el terrorismo como un arma electoral. Que se mantuvo leal a ese pacto, aceptando un no siempre cómodo liderazgo de la derecha en la lucha contra el terrorismo, y guardándose de exponer públicamente sus discrepancias. Casan mal todos estos datos de la realidad con la imagen que cada día propala la derecha sobre él, la imagen de una persona irresponsable y decidida a destruir el país (y el mundo). Lo irresponsable es acusarlo de ingenuidad por haber pactado con un partido tan desleal. Extraño e irreconocible el país que castiga la decencia.
 

No deja de ser curiosa la compasión que sus críticos muestran por los adversarios de Zapatero en comparación con la dureza con la que se emplean contra el líder socialista. Rafael del Águila ha hablado de la implacabilidad de los intelectuales impecables. Contrasta el implacable juicio del impecable profesor Elorza sobre la voluntad de destrucción del adversario que tiene Zapatero, con la trayectoria real del político que integró a sus adversarios internos y que ha demostrado siempre una extraordinaria contención a la hora de calificar a sus adversarios externos. Incluso cuando le han dedicado lindezas como la de ser un traidor a los muertos del terrorismo. Para un intelectual de izquierdas deberían pesar también en el juicio sobre el presidente sus logros en política social, en materia de derechos y libertades, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y las apreciables mejoras de la calidad de nuestra democracia.

(*) Publicado en EL PAÍS, el 28 de noviembre de 2006

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